El próximo mes de marzo se cumplirá un año desde la entrada en concurso de acreedores de dos de las inmobiliarias cotizadas, Reyal Urbis y Renta Corporación. Y llega el momento en que se deberá determinar si la insolvencia acaba en liquidación o, si por el contrario, el plan elaborado es aceptado por la mayoría de los acreedores y se facilita que, al menos de momento, la actividad continúe durante un tiempo.
Que se supere judicialmente el concurso no quiere decir que todo se arregle. Tal y como están las cosas, y como ha sucedido ya con otras compañías, se corre el riesgo de que pasado un tiempo se compruebe que el plan de pagos resulta inviable, y no queda otra que acudir a la liquidación definitiva.
En el caso de Renta Corporación parece que las cosas van por el buen camino a tenor de la convocatoria, para el próximo 21 de marzo de 2014, de la junta de acreedores en la que se espera aprobar la propuesta realizada por la empresa para pagar la deuda. La compañía presenta un déficit patrimonial de 25,4 millones de euros y, hasta septiembre, su deuda financiera era de 160 millones.
El juez ha fijado esta convocatoria tras declarar finalizada la fase común del proceso concursal y dando inicio a la fase de convenio. El plan de pago quedará aprobado si alcanza la adhesión de acreedores representativos de al menos el 50% del pasivo ordinario.
El plan pasa por operaciones de dación de activos en pago de deuda, quitas, un calendario de pago a largo plazo para abonar el resto del pasivo, junto a un plan de viabilidad con reducción de costes y mantener el modelo de negocio adaptado a las circunstancias del mercado.
En el caso de Reyal Urbis, el asunto no está nada claro. De momento, no hay fecha para esa junta de acreedores porque tampoco existe un documento que cuente con el consenso suficiente para ser aprobado. La quita propuesta sobre el 90% de la deuda (hasta septiembre de 3.500 millones de euros) no parece que haya sido acogida con mucho agrado y el tiempo apremia.
Ante las presiones de la administración concursal, la empresa presidida por Rafael Santamaría –cuya empresa, con la que controla las acciones de Reyal Urbis, también está en concurso– ha interpuesto un incidente concursal para intentar dilatar el proceso. Uno más, hasta llegar al centenar, que el juez tiene previsto resolver de una tacada. Este último se relaciona con el no reconocimiento de un crédito de 700 millones de euros titularidad de la Sareb.
Además de la quita, la empresa ha dejado caer la posibilidad de mantener en su poder activos por valor de 100 millones y participaciones en varias sociedades, como el complejo Castellana 200, también valoradas por una cantidad similar.
