Acciona cerró el primer semestre de 2013 con un beneficio neto atribuible de 48 millones de euros, lo que representa un 40,2% menos respecto de los 80 millones de euros registrados entre enero y junio del pasado año.
Las ventas de Acciona en el semestre han disminuido el 2,8% para situarse en 3.255 millones de euros, y el Ebitda ha sido de 655 millones de euros, un 3,2% menos. El Beneficio Antes de Impuestos (BAI) del grupo se redujo un 52%, hasta situarse en 54 millones de euros.
La caída del beneficio neto se explica en su mayor parte por los efectos en la división de Energía de los cambios regulatorios; fundamentalmente por el impacto de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, que se ha traducido en una reducción del 11,6% del precio medio neto eólico en España en comparación con el primer semestre de 2012.
Como consecuencia, el Beneficio Antes de Impuestos (BAI) de la división cayó el 43,2% hasta 58 millones de euros, a pesar del aumento de la producción eólica en España en el periodo (+12,2%), así como de la producción hidráulica (+69,8%). Adicionalmente, ha influido la caída del 74,1% en el Beneficio Antes de Impuestos (BAI) en la división de Infraestructuras, como consecuencia de la menor actividad de construcción en España.
Las inversiones netas ordinarias del grupo fueron de 226 millones de euros, un 33,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, concentradas en Infraestructuras (118 millones de euros, principalmente en concesiones) y energía (95 millones de euros).
El recorte en las inversiones así como el impacto del valor de mercado de los derivados de cobertura de deuda, han contribuido a reducir la deuda financiera neta del grupo hasta 7.420 millones de euros, un 0,8 % menos que a diciembre de 2012. El balance a junio de 2013 muestra un ratio de apalancamiento financiero del 136%, el mismo que a diciembre de 2012.
Lógicamente, estos resultados del primer semestre de 2013 no reflejan el impacto en Acciona del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, que entró en vigor el 14 de julio del presente año y cuyos efectos económicos no es posible aún estimar.
