Madrid. Las empresas del sector inmobiliario están de nuevo en el punto de mira tras las cuentas presentadas al finalizar el primer trimestre de 2013. Números que vuelven a poner sobre la mesa la cruda realidad de saber cómo, con unos ingresos trimestrales de 330 millones de euros (unos 1.300 en la proyección anual), se puede hacer frente a una deuda financiera que sigue rondando los 25.000 millones de euros.
Aunque solo se computaran los gastos financieros, con cifras de negocios paupérrimas –como esos poco más de 400.000 euros ingresados por Quabit entre enero y marzo– no se podría devolver lo adeudado antes del año 2030. Cualquier análisis acerca de la viabilidad del resto de empresas inmobiliarias para salir adelante, con estos números, no se sostiene por ningún lado.
Ni las que están en concurso, como Reyal Urbis o Renta Corporación, ni las que supuestamente lo han superado tras lograr el convenio con sus acreedores, como Martinsa-Fadesa, ni las que andan todavía, cada dos por tres, llamando a las puertas de los bancos para refinanciar las deudas y alargar los plazos para pagar los vencimientos, como Realia –a la que le vence el próximo viernes 31 de mayo el nuevo plazo para refinanciar su deuda promotora o verse abocada a declarar su insolvencia–, pueden descartar su liquidación.
Y el hecho de superar el concurso, con el cese de los administradores y la devolución de los libros a los gestores de la empresa, tampoco garantiza nada, como queda demostrado con la reciente petición de la inmobiliaria Llanera de entrar en la vía de la liquidación por no poder afrontar las condiciones del plan de viabilidad recogido en el convenio.
“Iban a empezar a pagar deudas al cuarto año, pero han visto que no podían”, comenta la letrada Marta Arnal, de Iure Abogados, que gestiona los intereses de 30 pequeños acreedores de la promotora alicantina. “Los planes de viabilidad que presentan suelen ser muy optimistas con las previsiones y la evolución del mercado, y luego ven que resultan imposibles de cumplir”, apunta Arnal.
Ahora, la administración concursal retoma la gestión. Debe presentar el plan de liquidación tras cuya aprobación, según la Ley Concursal, existe un plazo de un año para vender todos los bienes y derechos de la empresa. “Normalmente, en empresas grandes, y ante las dificultades para vender los activos, el juez suele ampliar el plazo”, comenta Marta Arnal.
También existen dudas de que Martinsa-Fadesa, a la vista de la evolución del mercado inmobiliario, puede afrontar el plan de viabilidad incluido en el convenio de acreedores que le permitió superar el concurso hace más de dos años, como las acaba de plasmar la auditora Deloitte en el informe de auditoría de cuentas presentado el pasado 29 de abril.
Si bien el auditor reconoce que la compañía presidida por Fernando Martín “ha gestionado y cerrado acuerdos que han permitido mantener la liquidez atendiendo los pagos comprometidos”, también apunta que “la previsión de tesorería para 2013 presenta un saldo negativo de 16 millones de euros”. En caso de incumplimiento de alguno de los pagos establecidos en el convenio, los acreedores podrían solicitar al juez la declaración de incumplimiento y, en consecuencia, se abriría de oficio la fase de liquidación.
