La inmobiliaria Llanera hizo todo lo que estuvo en su mano para salir adelante. Fue capaz de superar un concurso de acreedores y conseguir sacar un convenio adelante, pero al final resultó imposible lograr cuadrar los números por la situación económica actual y por los reveses recibidos desde los tribunales, por lo que no le ha quedado otra que solicitar su liquidación ante el juzgado.
Además de las continuas negativas de las entidades financieras a poner un euro para respaldar el inicio de nuevas promociones, la gota que ha colmado el vaso, y ha impedido tener liquidez suficiente con la que afrontar los vencimientos de deuda contemplados en el convenio firmado en diciembre de 2009, ha sido la anulación por el Tribunal Supremo (TS) de que Immochan, la filial inmobiliaria del grupo francés Alcampo, devolviera a Llanera 20 millones de euros por el contrato en la operación de Nou Mi•lenni, en Catarroja, un ámbito urbanístico que nunca llegó a construirse.
El asunto se remonta a 2010, cuando la filial de Alcampo tuvo que desembolsar hasta 23 millones para levantar el embargo sobre parte de su patrimonio y sus cuentas, en cumplimiento de la sentencia que había dictado el juzgado de lo Mercantil número 2. La sentencia fue avalada posteriormente por la Audiencia Provincial, pero ambas son las que ahora ha revocado el Supremo. A consecuencia de ello, Llanera tiene ahora que devolver a Inmochan las cantidades abonadas, pero carece de liquidez para hacerlo.
En octubre de 2007, la constructora e inmobiliaria Llanera protagonizó el primer gran concurso del sector desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, con un pasivo de 700 millones de euros, que se saldó cerca de dos años después con la aceptación por parte de los acreedores de los convenios de pago de deuda presentados para sus tres empresas de mayor tamaño y la liquidación de las cinco mercantiles restantes del grupo.
En concreto, en septiembre de 2009 obtuvo la aceptación de los convenios de la matriz Grupo Llanera y de las filiales Llanera Inmobiliaria y Patrimonial Arenal, y se vio abocada a liquidar la mercantil Aldalondo, puesto que Francisco Roig, único acreedor ordinario, se abstuvo en la votación sobre la oferta de convenio, que suponía recuperar el 10 por ciento de la deuda en un año. Estas cuatro empresas para las que ofertó convenios de pago de deuda sumaban créditos ordinarios pendientes de más de 120 millones.
