Madrid. Los franceses nunca vieron con buenos ojos que en 2005 una empresa española, fuertemente respaldada por las entidades financieras, se hiciera con Gecina, una de las principales compañías inmobiliarias galas.
Pero así fue. La todopoderosa Metrovacesa de entonces, presidida por Joaquín Rivero, puso encima de la mesa unos 5.500 millones y se quedó con casi el 70% de Gecina, quedándose los franceses un tanto airados por el arrebato de una de sus ‘joyas de la corona’.
Pero claro, estábamos en pleno ‘boom inmobilario’, y la pieza era más que golosa, tanto que empezaron a salir vanidades empresariales por doquier, y Rivero vio truncadas todas sus expectativas. No contaba con que el enemigo lo tenía en casa, en la propia Metrovacesa.
Y lo pudo comprobar cuando la familia Sanahuja, principales accionistas de la inmobiliaria española, lanzaron una OPA para apartar a Rivero de su puesto. Al final, Rivero maniobró, pactó con la familia valenciana de los Soler, y la cosa quedó en que los Sanahuja se quedaron con el 80% de Metrovacesa y el tándem Rivero-Soler mantenía un 31% de Gecina.
Sobrevenida la crisis, Metrovacesa volvió a cambiar de manos. Entre 2009 y 2011, las principales entidades financieras españolas se quedaron con la empresa ante la imposibilidad de la familia Sanahuja de hacer frente a las deudas.
Y mientras los españoles se pegaban entre ellos, los franceses miraban los toros desde la barrera para ver el momento oportuno de jugar de nuevo sus cartas. Y ya han lanzado su órdago sobre la mesa. De una manera muy sutil, por cierto, llevando a concurso de acreedores a las empresas Alteco y Mag Import, en manos de Rivero y los Soler, respectivamente, que suman el 31% de las acciones de Gecina.
De nada ha servido que ambas empresas estuvieran al corriente de pagos en sus vencimientos hipotecarios con el resto de las entidades, ya que Natixis, el banco francés principal acreedor de ambas empresas con 266 millones de euros, se ha negado en redondo a firmar el acuerdo de refinanciación de una deuda superior a los 1.600 millones.
Según representantes de las dos sociedades españoles en concurso de acreedores “es poco entendible en los tiempos actuales que sociedades que están al corriente de pago de sus créditos y cuyas garantías tienen una extrema liquidez, superan el valor de sus créditos y hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación, se vean obligadas a presentar concurso por que sólo una de las trece entidades del sindicado no esté de acuerdo”. O no tanto.
