Cuenca. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha firmado con el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Juan Ávila, un convenio para la puesta en marcha de una Oficina Técnica de Urbanismo cuyo objetivo, ha asegurado el consejero, “será asesorar y ayudar a los municipios de esta provincia en el cumplimiento de sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio”.
Las funciones de esta oficina están orientadas a facilitar información sobre la adecuación del planeamiento y de la actividad edificatoria a la normativa vigente; prestar asesoramiento sobre disciplina urbanística; ayudar en la gestión de licencias; e informar sobre las novedades legislativas y jurídicas que se produzcan en estas disciplinas.
El Gobierno regional aportará 150.000 euros para la actividad de esta oficina, una cantidad que supone el 71 por ciento de los fondos destinados a su funcionamiento.
Esta Oficina Técnica de Urbanismo servirá, ha destacado Sánchez Pingarrón, “de importante apoyo para la planificación y el crecimiento de los municipios de Cuenca, una provincia que cuenta con un gran número de pueblos pequeños que no pueden dotarse de medios materiales y humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones en materia de urbanismo”.
Cabe recordar que uno de los objetivos del Gobierno de Castilla-La Mancha es que todos los municipios cuenten con figuras de planeamiento urbanístico adaptadas a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística, ya sean Planes de Ordenación Municipal o Planes de Delimitación de Suelo Urbano, y esta oficina facilitará la elaboración de esos planes a los municipios de Cuenca.
Planeamiento en la provincia de Cuenca
Actualmente, en la provincia de Cuenca el 88,5 por ciento de sus habitantes viven en municipios que cuentan con alguna figura de planeamiento.
Además, el 45 por ciento de los municipios de esta provincia tienen actualmente su planeamiento en revisión, un porcentaje que el consejero ha calificado de “notable”, ya que denota la existencia de “una concienciación sobre cuestiones de planificación urbanística, que demuestra la repercusión de la política del Gobierno Regional en las administraciones locales de Castilla-La Mancha”.
