Tras una década sin licencia de funcionamiento y con gran polémica desde que hace una década la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidiera poner en marcha un campo de golf en el centro de Madrid, finalmente dentro de dos años el complejo deportivo, aunque de manera parcial, será desmantelado. En 2018 vence la concesión y no será renovada.
Así lo ha decidido regional -ahora presidido por Cristina Cifuentes- para ejecutar la enésima sentencia contraria del Tribunal Supremo en esta materia. En la última, conocida el pasado mes de agosto, reiteraba que, en este asunto, se habían socavado los intereses generales por el interés particular.
Dejaba así sin cobertura la última maniobra intentada por la Comunidad de Madrid, siendo presidente Ignacio González, de intentar aprobar un plan para legalizar las instalaciones.
Hasta ahora, los responsables del Gobierno regional se habían saltado a la torera las numerosas sentencias contrarias al campo de golf que, además, ordenaban reponer la parcela, propiedad del Canal de Isabel II, al estado físico anterior a la ejecución de las instalaciones deportivas, pero el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes ha dicho basta.
Y acaba de reconocer que, recurra o no la sentencia del Tribunal Supremo mientras deslinda los extremos de su ejecución, en 2018 no se renovará la concesión a la sociedad Proingest Management Asociados.
De esta manera se pondrá fin a un conflicto que se origina en una decisión del Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre que, en 2006, sin permiso del Ayuntamiento presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, modificaba una licencia municipal de 2003, que no incluía el campo de golf, para ampliar el proyecto inicial a un campo de prácticas de golf de nueve hoyos y nuevos pabellones para vestuarios, almacén y cafetería.
El propio Gallardón reconvino a Aguirre para que solicitara una nueva licencia, pero la expresidenta hizo caso omiso, y lo que se le ocurrió fue elevar el proyecto a interés general, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el propio Supremo entendieron que no había elementos suficientes para respaldar esta condición.
Posteriormente, en 2013, ya con Ignacio González como presidente, la alternativa buscada para superar el enquistado conflicto fue la aprobación de un nuevo plan especial sobre el ámbito, el que acaba de echar atrás el Alto Tribunal.
Además del tema de la licencia, desde el principio también fue objeto de polémica el contrato de la concesión, por la relación de las empresas adjudicatarias con familiares del propio González, quien, como presidente del Canal de Isabel II, otorgó el contrato.
