En un capítulo sobre la especulación urbanística en clubes de fútbol en España, dentro del Informe Global de la Corrupción en el Deporte, la ONG Transparencia Internacional asegura que corrupción y fútbol siempre han ido de la mano.
Y que el «deporte rey» mueve grandes sumas de dinero, tantas como los 1.000 millones de euros ingresados por los clubes en especulaciones de suelo que, además, han contado con la connivencia de las instituciones públicas.
El documento parte del informe publicado por Europol en 2013, en el que se destapaba la mayor red de corrupción internacional en el fútbol profesional, con unos beneficios de 8 millones de euros e implicando a más de 15 países de todo el mundo y a 425 personas.
Aunque ningún español estaba entre los imputados, Transparencia Internacional cree que la especulación urbanística también ha manchado el fútbol español. Y que algunos clubes se han visto involucrados en verdaderos entramados de corrupción inmobiliaria a través de la recalificación de terrenos, muchas veces, con la colaboración de instituciones gubernamentales.
En el caso de España, la corrupción urbanística relacionada con el mundo del futbol, en su mayoría basada en la recalificación de terrenos, se produce debido al auge inmobiliario vivido en las últimas décadas y la influencia político-social que han ido generando los clubes de fútbol.
Esta presión social que genera el fútbol en España llevó a los entes públicos, sobre todo a la Hacienda Pública y Seguridad Social española, ha permitir el endeudamiento progresivo de los clubes.
Este endeudamiento llegó a ser tan alto que los clubes no podían asumirlo. La solución vino de la mano de la regulación contenida en la nueva Ley del Deporte de 1990, que obligó a los clubes que no tuvieran sus cuentas saneadas a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
La conversión a SAD, que ponía el capital social de los clubes en venta con la emisión de acciones, unido a la existencia de un modelo urbanístico que fomenta la especulación y no inhibe la corrupción, junto al abuso del poder público descontrolado por la masiva descentralización política, han sido, a juicio de la Transparencia Internacional, los factores determinantes para llevar a cabo estas prácticas delictivas.
Así, la mayoría de los clubes convertidos en SAD y sus directivas han sido investigados por posible delitos de corrupción o ayudas ilegales desde la vigencia de la Ley 10/1990. Esto es debido a la mala gestión llevada a cabo por sus dirigentes, la mayoría de ellos empresarios vinculados al negocio de la construcción.
Estos empresarios, aupados a la cúspide organizativa de los clubes por la compra de paquetes de acciones, han aprovechado su posición y encontrado soluciones a los problemas de liquidez económica de los clubes con la especulación de terrenos urbanísticos, muchas veces con la participación de organismos públicos.
Las actuaciones ilegales se llevaban a cabo mediante acuerdos entre las directivas de los clubes y los organismos públicos que tenían competencia para la ordenación del territorio.
Se actuaba sobre suelo rústico o en espacios recalificados para equipamientos y servicios. Se realizaba a través de modificaciones puntuales, que no requieren revisión de un Plan General de Ordenación Urbana, a pesar de que por su intensidad y alteración del modelo territorial lo exigiera, por lo tanto podía ser realizado por los Ayuntamientos sin necesidad de supervisión de otro órgano superior.
Mediante esta recalificación, que se desviaba de la esencia de servicio público recogida en la Ley, se construían grandes espacios donde se ubicaban instalaciones deportivas del club a la vez que se construían complejos comerciales a sus alrededores, vendidos a un precio muy superior del valor del suelo antes de su recalificación.
Así los clubes obtenían grandes ingresos que servían para sanear su economía, y a su vez, los Ayuntamientos se enriquecían con la recalificación y aumentaban su patrimonio. La burbuja inmobiliaria que atravesó España en las últimas décadas propició un rápido aumento de suelo construible, ya que la especulación y la competencia de los Ayuntamientos lo permitía.
El Murcia, por ejemplo, recalificó un millón de metros cuadrados de terreno rústico, comprados a 3 euros el metro cuadrado y los vendió a 600 euros el metro cuadrado, con una revalorización de 20.000% para el proyecto de construcción de su nuevo estadio, la Nueva Condomina.
El Valencia también se aprovechó de las recalificaciones, permitiendo al club demoler el estadio de Mestalla, vender el suelo y construir un nuevo campo en una parcela pública que se privatizó.
Hasta la Federación Española de Fútbol se vio implicada en 1998 en un escándalo de corrupción urbanística por una cesión irregular de 120.000 metros cuadrados de terreno público por parte del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la ilegalidad de la cesión del suelo público, teniendo que devolver el terreno al Ayuntamiento de Las Rozas. Algo que no ha hecho.
