El informe especial del Tribunal de Cuentas (ECA) relativo a las infraestructuras aeroportuarias financiadas por la Unión Europea le saca a España los colores.
El rumano George Pufan, responsable del documento, lo ha presentado en rueda de prensa dando a conocer las conclusiones de las auditorías realizadas sobre proyectos de inversión en veinte aeropuertos, en Estonia, Grecia, España, Italia y Polonia, para comprobar si existía la necesidad de realizar estas inversiones, si las obras se terminaron a tiempo y dentro del presupuesto, y si repercutieron positivamente en el número de pasajeros y en el nivel del servicio.
“Se fomentaron demasiados aeropuertos y los proyectos en muchos casos eran sobredimensionados", señalan los auditores. Castellón, Fuerteventura, Córdoba o Ciudad Real son ejemplos de derroche de las multimillonarias ayudas europeas destinadas a la ampliación de aeropuertos, denuncia el Tribunal de Cuentas Europeo, que destaca el hecho de que España fuera el país que recibió más ayudas en esta materia.
El documento señala que los beneficios para los viajeros en muchos lugares "no son cuantificables ni demostrables" a pesar de que las inversiones para la mejora de aeropuertos europeos desde el año 2000 ascienden a un total de 4.500 millones de euros.
Según los auditores, siete de los veinte aeropuertos analizados presentan pérdidas y existe el riesgo de que se vean obligados a cerrar o a ser mantenidos a la larga por los contribuyentes. Y solo en la mitad de estos veinte aeropuertos las medidas de mejora de las instalaciones, subvencionadas con dinero europeo, eran realmente necesarias.
Además, en cuatro de los cinco países analizados –España, Italia, Grecia y Estonia– no existía si quiera un plan nacional de aeropuertos a largo plazo, por lo que la ampliación de las instalaciones se llevó a cabo sin coordinación alguna.
Entrando en el detalle, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo apunta que la nueva terminal del aeropuerto de Fuerteventura, en las Islas Canarias, que, con las ayudas europeas, amplió de 10 a 24 el número de puertas de embarque y de 7 a 15 el de cintas transportadoras de equipaje, tuvo que cerrar seis de sus puertas. Y, según las previsiones más recientes, el aeropuerto no estará en disposición de utilizar la totalidad de su capacidad hasta 2030 a pesar de las buenas cifras turísticas.
Otro caso criticado es el aeropuerto de Córdoba Sur, que recibió 13,5 millones de euros de fondos europeos para ampliar su terminal, en la que se invirtió un total de 85 millones de euros y cuyas instalaciones están siendo utilizadas para el aterrizaje y como aparcamiento de aviones gubernamentales y aparatos privados. A pesar de su ultramoderna pista de aterrizaje, el número de pasajeros cayó a la mitad entre 2009 y 2013 hasta los 130 viajeros semanales.
No podían dejar de pasar por alto los auditores los casos más llamativos de ‘aeropuertos fantasma’, como los de Ciudad Real, que costó 1.000 millones de euros y lleva cerrado desde 2012, o el de Castellón, que sigue sin estar operativo cuatro años después de su inauguración.
La conclusión del informe resulta demoledora. ‘Aeropuertos fantasma’, como el de Castellón, existen en toda Europa, pero la culpa no es sólo de los políticos de provincia con aires de grandeza, sino también de una política europea de subvenciones totalmente equivocada e insuficientemente supervisada.
