La constructora FCC ha constatado algo que se barruntaba desde el mismo día en que negoció el acuerdo con el Atlético de Madrid y la cervecera Mahou, allá por junio de 2010, que la viabilidad económica de la reordenación urbanística del entorno del estadio Vicente Calderón, tras su demolición y la previa construcción del nuevo estadio de la Peineta, no se sostenía por ningún lado.
Que todo estaba cogido con alfileres confiando en que el mercado inmobiliario remontara de una manera fulgurante, pues todos los costes de asumir esas obras, unos 300 millones de euros, los compensaría la constructora todavía controlada por Esther Koplowitz con la venta de más de 2.000 pisos en el solar que ha quedado vacante tras la demolición, junto al estadio Vicente Calderón, de la fábrica de cervezas Mahou.
Pero, tres años después de iniciar las obras, la constructora se ha dado de bruces con la cruda realidad, la de que no le cuadran los números por ningún lado, ya que el mercado inmobiliario no ha remontado lo suficiente como para construir y vender esos pisos con un margen de beneficios suficiente.
Por ello, constructora y club han pactado una paralización temporal de las obras, de tal manera que el nuevo estadio de la Peineta no estaría listo para que el Atlético de Madrid jugara sus partidos antes de la temporada 2017-2018. Se ha fijado esa fecha como se podía haber elegido otra, sabiendo todos que la misma tampoco cuenta con una mínima credibilidad para ser tenida en cuenta a pies juntillas.
Se trata del enésimo retraso de una operación llena de altibajos económicos, administrativos, políticos y jurídicos. Los dos intentos fallidos de Madrid por convertirse en sede olímpica pesaron lo suyo y, ahora, también, se han unido al embrollo las dudas existentes sobre la legalidad jurídica acerca de la ordenación urbanística que se preveía llevar a cabo en la parcela vacante de Mahou.
En enero de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dio la razón a la Asociación Señales de Humo en el recurso presentado contra la modificación puntual para la reforma del ámbito aprobada a finales de 2009. Consideró que no se ajustaba a derecho permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley de Suelo de la Comunidad de Madrid prohibía superar las cuatro alturas.
El posterior recurso del Consistorio ante el Tribunal Supremo acaba de ser fallado hace un mes, anulando lo establecido por la sentencia del TSJM, al no haber tenido en cuenta la opinión de la cervecera, y dejando en manos de Señales de Humo si decide o no seguir adelante con el recurso, tramitando uno desde el principio.
