Al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tras las presiones recibidas tanto de los promotores como de la propia Junta de Extremadura, parecen haberle entrado dudas acerca de cómo cumplir con la sentencia que, hace casi nueve meses, confirmó el Tribunal Supremo sobre la ilegalidad del complejo urbanístico Marina de Valdecañas.
Por eso, en su primer movimiento desde entonces, ha citado a las partes implicadas para ver si cupiera la posibilidad de que hubiera un acuerdo que evitara la demolición de la urbanización en cumplimiento de la referida sentencia.
En sede judicial se verán las caras representantes de las dos organizaciones que denunciaron el complejo desde un principio, Ecologistas en Acción y Adenex, así como a la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la empresa promotora de Marina Isla de Valdecañas y los propietarios de los chalés de lujo. La vista se celebra después de que la promotora declarara un concurso de acreedores y después de que la Junta de Extremadura presentara numerosas excusas para evitar la demolición del complejo.
Las asociaciones ecologistas, por su parte, presentaron ante el tribunal escritos avalados por estudios que desmentían los argumentos de la Junta para evitar la demolición y restitución de terrenos en el espacio protegido. Uno, que el complejo de lujo no ha generado empleo de forma significativa y el impacto de la construcción en la avifauna ha sido dramático y, un segundo, relativo a que la demolición no costaría la cantidad astronómica calculada por el Gobierno autonómico presidido por José Antonio Monago.
En ese sentido, la Junta de Extremadura aseguró que el coste de la referida demolición ascendería a 34 millones de euros. Lo que pasa que incluyó en este presupuesto tareas innecesarias como el desmantelamiento de la estación depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. Solo este arranque de vegetación supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario y contraproducente puesto que en gran parte se trata de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada.
Respecto a la generación de empleo, los datos vienen a demostrar que la creación de puestos de trabajo ha sido mínima y a un coste insostenible. Un informe pericial elaborado por diversos expertos y académicos, concluye que el empleo generado ha sido a costa de inversiones disparatadas. Al menos, 1,8 millones euros de inversión por empleo generado. Estos puestos de trabajo adolecen de una altísima temporalidad, es decir, son de corta duración.
El Gobierno de Extremadura aprobó en 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, recalificando unos terrenos protegidos para construir un complejo turístico de lujo. Pero el PIR “olvidó” que este espacio tenía un enorme valor ecológico por la diversidad y riqueza de sus ecosistemas y sus especies, que le han otorgado tres figuras de protección: ZEPA “Embalse de Valdecañas”, LIC “Márgenes de Valdecañas” y, por tanto, espacio incluido en la Red Natura 2000.
