Lo de los recursos presentados contra el proyecto de la Operación Canalejas, promovido por el Grupo OHL en la manzana que albergaba los edificios históricos del Banco Santander, tiene toda la pinta de sustanciarse como tantos otros asuntos judiciales en materia de urbanismo y medio ambiente.
Mucho ruido mediático y pocos resultados reales para acabar con las obras terminadas y el hotel y el centro comercial a pleno rendimiento, haya o no decisión judicial que determine dentro de dos o tres años que las obras eran o no ilegales,
De momento, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ya ha ganado la primera batalla en los tribunales. Y lo ha hecho de una manera rápida para lo que suelen ser estos casos.
En cuatro días el juez de lo Contencioso Administrativo, que asumía la denuncia presentada por R&A Palace Gestión, resolvía el asunto en primera instancia. Se presentaba en los inmuebles, cuyas obras van a toda velocidad, para comprobar si se está o no garantizando la protección del patrimonio histórico.
Y ha determinado que sí. Que no hay nada que impida, en este sentido, seguir con las obras, porque los bienes están a buen recaudo y serán de nuevo instalados cuando las obras finalicen.
La compañía vasca R&A Palace Gestión pidió en julio que se paralizaran las obras inmediatamente basándose en la irregular decisión del Ayuntamiento de Madrid de modificar el PGOU para permitir el proyecto. Finalmente, el caso se ha archivado, aunque seguramente será recurrido. Mientras tanto, las obras siguen adelante sin ningún problema.
Ha sido el primer trámite judicial del que Villar Mir sale airoso en este asunto, pero vendrán más en un interminable proceso de recursos y más recursos mientras las obras del proyecto cumplirán los plazos previstos de ejecución sin cortapisa alguna.
Entre esas denuncias está la de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, presentada ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por un presunto delito de expoliación, del que el departamento dirigido por José Ignacio Wert no ha tomado decisión alguna en ningún sentido.
La propia sociedad R&A Palace Gestión también es la promotora de la denuncia presentada contra el Banco de Santander, al que acusa de romper el contrato de venta de los edificios que firmaron en 2006. Y un último asunto es el de las consecuencias de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por apropiarse de competencias del Estado.
