Es lo que pasa cuando no se pagan las expropiaciones pactadas, que pasados dos años tras el acuerdo sin haber abonado lo acordado, los expropiados tienen derecho a una nueva tasación de los terrenos, que es la que al final resulta válido. Es, en líneas generales, lo que ha sucedido con los casi 600 propietarios de terrenos que en su día fueron expropiados por AENA para acometer la ampliación del aeropuerto de Barajas.
No cobraron y pidieron la retasación y los tribunales ya han dado la razón a un tercio de ellos. Son ya cerca de 400 millones de euros por encima de lo pactado inicialmente los que tendrá que pagar AENA, y se acercará a los 450 millones cuando los jueces sentencien en el mismo sentido la treintena de pleitos que quedan por resolver.
Hace quince años, el plan director de Barajas estimaba un gasto en expropiaciones de 390 millones de euros por los 26 millones de metros cuadrados que fueron necesarios conseguir para ampliar el aeródromo madrileño. Entonces, el precio del metro cuadrado se fijó en 15 euros. Ahora, con las retasaciones últimas se ha situado la media en unos 85 euros, aunque en algún caso puntual se llegó a tasar ese metro cuadrados en casi 300 euros.
Entre los beneficiarios de estas expropiaciones está la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Heredaron en la zona casi 300.000 metros cuadrados hace medio siglo que fueron incluidos en el proyecto de expropiación. En febrero de 2008, el Jurado Provincial de Expropiación fijó un valor para la finca algo más de 38 millones de euros, pero la orden pidió la retasación, ante la falta de pago, y lograron que, en 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fijara el valor de la finca en casi 81 millones de euros.
El fallo señalaba que esa valoración está referida al 22 de mayo de 2006, en plena burbuja, aunque la sentencia llegue seis años después y con los precios deprimidos. En julio pasado, el Supremo ratificó la sentencia. Durante los años que duró el procedimiento, AENA abonó los 38 millones que fijó inicialmente el jurado de expropiación, pero el Supremo le obliga ahora a pagar otros 42 millones solo por esa finca.
Se trata de la mayor retasación fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la que más impacto tiene, pero son casi 180 de los 600 propietarios de estas fincas los que ya han conseguido que los tribunales reconocieran un sobrecoste muy superior a los justiprecios inicialmente otorgados.
