El 11 de septiembre es la fecha tope en la que, según Ayco, se cumplirán las condiciones para que se haga realidad el acuerdo alcanzado con la Sareb, por la que el banco malo, su principal acreedor, que consiste en capitalizar parte del importe de 102 millones de euros que adeuda a esta entidad a través de un préstamo participativo. En virtud del acuerdo, la inmobiliaria amortizaría parte de este pasivo con ventas o dación en pago de activos. El resto de la deuda se convertirá en acciones de la compañía.
En principio, ambas entidades firmaron un acuerdo de espera por el que se daban de plazo hasta el 30 de septiembre para poder negociar y formalizar los compromisos fijados en dicho principio de acuerdo, sobre todo lo referente a la venta y dación en pago de activos. La Sareb es el principal acreedor de Ayco después del traspaso de créditos que las dos entidades accionistas de la inmobiliaria (Banco Ceiss y Banco Mare Nostrum) realizaron en febrero de 2013.
Transformar un préstamo en participativo resultaría vital para evitar la liquidación de Ayco. Los préstamos participativos se caracterizan por tener un tipo de interés variable que se fija en función de una serie de indicadores de la actividad económica de la empresa prestataria.
Ponía Ayco sobre la mesa esa fecha del 11 de septiembre en el informe sobre las cuentas semestrales remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cuentas que presentan una reducción de las pérdidas del 16,5% respecto al mismo periodo de 2013, hasta 2,85 millones de euros, tras haber registrado una cifra de negocios de 2,13 millones de euros. Ayco también hacía mención a la propiedad de 1.240 acciones propias por un valor de tan solo 3 euros, cuando en su momento fueron adquiridas por 20.428 euros.
Por otra parte, a inmobiliaria Ayco se ha visto obligada a actualizar la valoración de sus activos inmobiliarios tras la auditoría de las cuentas del ejercicio 2013, una vez solicitado informe al experto independiente Alteba Servicios Inmobiliarios. La inmobiliaria reconocía una minusvalía de casi dos millones de euros.
Entre las iniciativas tomadas se encuentra la subsanación del incorrecto registro de baja de determinadas viviendas en la promoción Vicario IV, en Málaga, para las que, al cierre del ejercicio 2013, no se cumplía la condición de transferencia de riesgos y beneficios significativos asociados a la propiedad. Ahora, con la venta de la única vivienda que quedaba por vender, se ha dado de baja toda la promoción.
