Hace un año el Ayuntamiento de Madrid, ante la necesidad imperiosa de obtener recursos para afrontar su abultada deuda, decidió vender al fondo Blackstone 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Lo hizo a un precio de 128,5 millones de euros con los que, decía el Ayuntamiento pudiera la empresa pública reducir en unos 80 millones de euros la deuda con las entidades financieras y obtener una liquidez de cerca de 40 millones.
Nada se decía de los inquilinos directamente afectados. Pues bien, al final, el Ayuntamiento tendrá que dar la cara ante los tribunales. La denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista ha surtido efecto, y el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid acaba de emitir un auto admitiendo a trámite la denuncia y dando curso de la misma a la Fiscalía para que inicie las investigaciones ante la presunción de que exista en la operación una infracción penal.
El auto conlleva incluso la posibilidad de suspender cautelarmente algunos de los procedimientos de desahucio que el fondo ya ha iniciado ante el impago de las rentas por parte de los inquilinos.
De esta manera, los vecinos que residen en las viviendas de protección oficial adquiridas por el fondo Blackstone, en la operación diseñada por Magic Real Estate, han recuperado la esperanza en que se suspendan los desahucios a quienes no pueden pagar los precios y condiciones impuestas por los nuevos propietarios.
El PSOE denunció ante instancias penales esta venta, que considera una barbaridad desde el punto de vista social y económico, después de haber agotado todas las vías políticas, tanto en las comisiones como en el pleno municipal. “Se han vendido 1.860 viviendas a un precio más bajo que una subasta”, explicaba el portavoz socialista. Las casas, localizadas en los distritos de Carabanchel, Vallecas y Centro, habían sido construidas en suelo municipal con financiación pública.
El líder socialista acudió ante los tribunales ante la impotencia de poder negociar con la alcaldesa, Ana Botella, quien desde el primer momento sostuvo que lo único que había ocurrido era que las viviendas habían cambiado de casero. Pero el nuevo casero ha cambiado las condiciones del contrato con los inquilinos, hasta el punto de que se han iniciado desahucios.
Parte de las personas que residen en estos pisos son personas discapacitadas cuyas viviendas han sido adaptadas a sus minusvalías, son muy mayores o llevan ocupando viviendas desde hace muchos años y pagando alquileres que rondan la media de 700 euros mensuales.
El argumento sobre el que se basaba la demanda radicaba en dos conceptos, la sustracción de la utilidad social de cosa propia, por un lado, y la malversación de caudales públicos, por otro.
