La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dispone de un parque público de 11.416 viviendas protegidas. Es decir, casi 11.500 familias de Castilla y León residen en viviendas protegidas propiedad del Gobierno autonómico. Una de las prioridades de la Junta es garantizar la vivienda a las personas y familias residentes en la Comunidad.
Del total de viviendas, 10.189 están en período de amortización por sus futuros propietarios, que dispondrán plenamente de ellas cuando termine dicho período. Un total de 1.096 están en régimen de alquiler y sus inquilinos satisfacen la renta mensual y, finalmente, 131 viviendas están disponibles en Castilla y León para atender a familias que necesiten realojo en casos de desahucios o exclusión social y que no puedan procurarse una vivienda por sus propios medios, según los informes de los servicios sociales.
Las viviendas en venta abandonan el parque público conforme sus respectivos adjudicatarios van completando la amortización de su precio total, tras un período que se sitúa entre 20 y 30 años. En ese período, los adjudicatarios de viviendas en venta deben pagar unos recibos mensuales que se sitúan en una media de 200 euros-el recibo más elevado de las promociones de Castilla y León es de 378,56 euros-.
En las viviendas de régimen de alquiler, la renta mensual es el 3 % del valor de la vivienda dividido entre 12. La renta se aumenta cada dos años pero sólo un 50 % del IPC aplicable. En este sentido, en la actualidad, la renta media de las viviendas en régimen de alquiler se sitúa en 56,06 euros- el recibo más elevado en Castilla y León es de 126,17 euros-.
Cuando finaliza una promoción de viviendas protegidas, se pone en marcha el proceso de selección de los adjudicatarios, que se celebra entre las personas inscritas en el registro de demandantes de viviendas protegidas que soliciten su adjudicación en el término municipal de la promoción. Si es necesario, se procede a realizar un sorteo entre los demandantes.
Una vez termina la adjudicación, se formalizan los correspondientes contratos y mes a mes los servicios territoriales gestionan la tramitación. Por su parte, en los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se supervisan los datos que se graban en los territoriales y se resuelven las dudas y conflictos que puedan plantearse.
Además, desde los servicios territoriales se realizan gestiones ante notarios, registradores, catastro, hacienda, comunidad de vecinos y cualquier actuación cotidiana en la vivienda. Los gastos de reparaciones y mantenimiento de las viviendas los asume la Junta de Castilla y León.
