El informe provisional sobre la situación de Reyal Urbis, elaborado por BDO y emitido el 11 de julio de 2013, incluía una masa activa de 2.420 millones de euros con un pasivo, de casi 4.119 millones, que dejaba un agujero patrimonial de 1.700 millones. Pero desde entonces, esa masa activa ha disminuido tras las ventas realizadas, en tanto que el pasivo lo ha hecho, pero no en la misma medida, con lo que ese déficit patrimonial podría haberse aumentado.
El último de los informes periódicos del auditor también lo deja caer, al señalar, a la vista de los datos ofrecidos por la empresa presidida por Rafael Santamaría al término del primer semestre de 2014, que la determinación del valor de mercado de los activos de esta inmobiliaria está basado en estimaciones sobre flujos de caja futuros y rentabilidades esperadas, pero, considerando las desviaciones pasadas de los precios de venta, la evolución de las valoraciones en los últimos meses, y la propia situación concursal, “podrían ponerse de manifiesto minusvalías adicionales en el valor de realización de los activos inmobiliarios, no registradas en los estados financieros”.
No obstante, para conocer con exactitud el valor del activo, del pasivo y del resultante déficit patrimonial, habrá que esperar a que finalice el trámite de resolución de incidencias para, en virtud de lo dictamine el juez, saber cuál es la masa pasiva a la que presentar la propuesta de convenio de acreedores.
Año y medio después de que Reyal Urbis entrara en concurso de acreedores, los avances en la tramitación concursal han sido escasos. La inmobiliaria “se encuentra evaluando cuáles serán las actuaciones a realizar con objeto de conseguir presentar un convenio que sea recibido de forma positiva por la masa acreedora, y considera que la superación del concurso le permitiría reforzar su capacidad para hacer frente a los compromisos financieros”, reitera cada tres meses la empresa.
A la vuelta del pasado verano, Reyal Urbis planteó una quita sobre el 90% de la deuda, además de la posibilidad de mantener en su poder activos por valor de 100 millones de euros y participaciones en varias sociedades, como el complejo Castellana 200. Pero ambas ofertas no fueron atendidas por los acreedores.
En el caso de la quita, habrá que ver en su momento, si llega a aprobarse un convenio de acreedores, si estos la aceptan y, si lo hacen, con qué descuento. Lo que no han aceptado los bancos es que Reyal Urbis mantenga los activos. En un proceso lento pero inexorable, la mayoría de los mejores inmuebles han sido vendidos a instancias de los acreedores.
Ni Castellana 200, ni el centro comercial ABC Serrano ni el complejo de oficinas de la avenida San Luis forman ya parte de la cartera patrimonial de la empresa presidida por Rafael Santamaría. Tampoco el edificio de oficinas de calle del Cardenal Marcelo Spínola, en Madrid.
La semana pasada, no era Reyal Urbis sino la propia compradora del inmueble, la socimi Lar España, la que comunicaba, en hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había adquirido este edificio por 19 millones de euros. Se convertía así en una venta más que añadir a las realizadas por Reyal Urbis durante el primer semestre para cumplir con las exigencias de los bancos acreedores. Operaciones que se cierran con fuertes pérdidas, pero que sirven para condonar deuda.
