A todos los contribuyentes les supone un enorme desembolso el tener que pagar a Hacienda por las plusvalías generadas tras la venta de cualquier bien inmueble u activo financiero. A partir de ahora, a los mayores de 65 años estas cantidades quedarán exentas del pago, siempre que lo obtenido por esas ventas se destine a complementar la pensión que reciben del sistema público.
Una especie de renta vitalicia que será tramitada por el Gobierno a través de un proyecto de ley de reforma fiscal que será aprobado en el último Consejo de Ministros antes del parón estival.
Esta ventaja se aplicará de forma proporcional, igual que las deducciones por vivienda habitual. Si se reinvierte el total del dinero obtenido por la venta en ese producto de renta vitalicia, la exención fiscal afectará al total de la plusvalía y, si se destina la mitad de lo ingresado, lo que quedará libre de tributación será la mitad de esa plusvalía.
No es la única medida fiscal con la que el Gobierno pretende elevar el crecimiento del PIB en un 0,55%. Otra se relaciona con la reducción del tiempo de permanencia de los planes de pensiones individuales, un producto que está creciendo y que bajaría de diez a cinco años, un plazo en el que el tratamiento fiscal resulta más beneficioso.
La tendencia detectada en la mejora de la recaudación también va a permitir elevar el umbral exento de tributación para indemnizaciones. Un tema que había levantado no poca polémica –encima que te despiden, tienes que pagar un pico del finiquito, decían muchos– y que, finalmente, solo deberán aportar lo que les corresponda aquellos que reciban una indemnización por despido superior a los 180.000 euros.
Otro asunto introducido en el proyecto de ley entronca con los incentivos a la actividad en I+D+i, con la novedad de elevar la monetización de las deducciones de 3 a 5 millones de euros, con el compromiso de que las empresas puedan seguir gastando en investigación.
Lo que no ha tenido cabida es la supresión del impuesto patrimonial y de sucesiones. El Gobierno no cree que ni política ni económicamente sea el momento adecuado para llevar a cabo una modificación de tal calibre, ya que se trata de figuras impositivas cedidas y vinculadas al sistema de financiación autonómico.
Habrá que esperar a que todas las Comunidades, en su conjunto, se apliquen todavía más en la reducción de sus respectivos déficits para llegar a plantear una nueva regulación respecto a estos impuestos.
