El plan del Gobierno de reducir el déficit público con la venta de unos 16.000 inmuebles entre 2013 y 2015 quedará muy lejos de cumplir con las expectativas generadas. Hasta ahora se han vendido unos 2.000 inmuebles por los que se han obtenido algo menos de 200 millones de euros, lejos de los hasta 3.500 millones de euros barajados.
El plan tenía buena pinta. Se había hecho un buen trabajo previo de campo, pero, a la hora de la verdad, se está demostrando que el momento para vender estos activos no era el más oportuno. Al menos, no a los precios que, en muchos casos, se piden.
La consecuencia de este desfase entre la oferta y la demanda se pone en evidencia en el incumplimiento de la previsión de ingresos cada ejercicio presupuestario. Solo en 2013, año en el que se aprobó el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario de la Administración General del Estado (AGE), la previsión apuntaba a lograr unos 500 millones. Fueron muchos menos. Entre 2012 y 2013, el total de ingresos por la venta de inmuebles del Estado fue de tan solo 123,6 millones de euros.
Pero más allá de las buenas intenciones iniciales, lo cierto es que el Estado no ha demostrado tener la suficiente cintura para adaptarse al actual momento, y está viendo pasar de largo el interés de muchos inversores por hacerse con inmuebles situados en las mejores zonas de las grandes ciudades, como sucede con algunos de los que forman la cartera de activos enajenables.
Aunque prácticamente se publican cada día en el Boletín Oficial del Estado anuncios de subastas relativas a inmuebles, el mercado sigue echando de menos la oferta correspondiente a los activos que más demanda pueden generar, y también los que más ingresos pueden proporcionar.
Por eso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones ha movido ficha. Ha activado una subasta de inmuebles propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, la primera que se va a realizar a través de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa).
Uno de los cinco lotes, el edificio de la calle Barquillo, en Madrid, centra todas las miradas. Se trata de uno de los grandes fiascos inmobiliarios del Estado. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) –bajo la presidencia de Maite Costa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– lo adquirió, en septiembre de 2006, por 19 millones de euros, con la intención de ampliar el espacio con que contaba la sede situada en la misma calle.
Nunca se llegó a ocupar y permanece vacío. Al final el inmueble fue cedido a Patrimonio del Estado. Ahora se ofrece por casi 11,4 millones de euros. Un precio por el que será difícil que nadie puje. El propio pliego de venta reconoce que el inmueble –compuesto por cinco locales y cinco viviendas– ha sido objeto de una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, al requerir que se acometa una rehabilitación en profundidad, cuantificada en no menos de seis millones de euros.
