Al final, como decía aquel ilustre locutor, entró. De manera un tanto difusa, pero lo hizo en el pasado Consejo de Ministros. Tras un sinfín de retrasos, finalmente el Gobierno ha llevado a cabo la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que conlleva la creación de un fondo para financiar la rehabilitación energética del obsoleto parque de edificios de España.
Nace el Fondo Nacional de Eficiencia Energética con una dotación de hasta 350 millones de euros anuales procedentes de los Fondos Estructurales Europeos correspondientes a la Administración Estatal, que aportará el 35%. El resto provendrá de un enrevesado sistema de obligaciones a los suministradores de energía, que deben realizar aportaciones directas o alcanzar ahorros con actuaciones propias para reducir el consumo.
El Fondo destinará la mayor parte de sus recursos a cofinanciar actuaciones en edificios residenciales y terciarios, aunque también llegará para financiar actuaciones en otros sectores, como el transporte, la industria o la ganadería. Así, está prevista la aprobación de un Plan de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en la Edificación encaminado a movilizar una inversión total anual de unos 900 millones de euros.
Como complemento, las Comunidades Autónomas destinarán, a través de sus fondos Feder, más de 130 millones de euros. A todo ello hay que unir los 200 millones de euros que el Plan de Vivienda 2013-2016 ha comprometido para ejecutar actuaciones de rehabilitación energética de edificios.
La creación del fondo lleva aparejado un sistema de obligaciones para los suministradores de energía, un plan de ahorro de energía y reducción de emisiones en la Edificación, otro plan para la mejora de la tecnología de equipos y procesos industriales, otro de mejora del uso eficiente de los medios de transporte y cambio modal de personas y mercancías hacia modos más eficientes y otro programa de mejora de la eficiencia energética en las explotaciones agrarias y de maquinaria agrícola.
Una de las grandes incógnitas que surgen a la hora de distribuir estas ayudas es saber si todos los establecimientos comerciales pueden acceder en igualdad de condiciones a las ayudas, sin que estas estén sujetas a las obras que se desarrollen en los edificios residenciales donde se ubican.
Casi el 60% de las viviendas que forman el parque residencial en España se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética, lo que pone de manifiesto la necesidad de fomentar la rehabilitación de viviendas y la regeneración urbana, aspectos que no han sido prioritarios en las políticas de los últimos años, que han apostado básicamente por los nuevos desarrollos urbanos.
