La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, ha señalado que "tanto la Generalitat como el Ministerio tienen como prioridad la protección del medio ambiente litoral a la vez que se protegen los derechos de los antiguos propietarios de viviendas y de otros bienes y se garantiza la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles".
Bonig se ha reunido en Madrid con el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, para analizar las alegaciones presentadas por el Consell al Reglamento que desarrolla la Ley de Costas.
Para Bonig, "es una ley con una extraordinaria repercusión en la Comunidad Valenciana porque afecta a 454 kilómetros de costa, 91.111 viviendas en zona de servidumbre de protección, de las que 19.507 están en la provincia de Castellón, 21.806 en la de Valencia y 49.798 en la de Alicante, así como a multitud de explotaciones hoteleras, hosteleras y de servicios turísticos".
Así, la consellera ha destacado que "las alegaciones presentadas van dirigidas a que la nueva normativa sobre costas tenga en cuenta ciertas particularidades propias de la Comunidad Valenciana".
En este sentido, en la regulación de la prevalencia de protección del patrimonio sobre la de la ley de costas se ha solicitado que se tenga en cuenta otros regímenes análogos al Bien de Interés Cultural ya que la Isla de Tabarca es conjunto histórico.
Según ha explicado la consellera, "hay que tener en cuenta que un bien de interés patrimonial puede estar en dominio público, en servidumbre de protección o emplazado en todas ellas simultáneamente".
En cuanto a la regulación de superficies para uso comerciales y de restauración en los puertos autónomos, Bonig ha indicado que "desde el Consell se considera que los puertos autónomos no pueden quedar al margen de uno de los objetivos prioritarios de la ley que es la puesta en valor económico de los tramos del litoral antropizados, es decir más transformado por la intervención del ser humano".
También Bonig ha explicado que la Ley de Costas en su versión actual no permite ninguna actuación para edificaciones afectadas por zona de servidumbre de tránsito salvo que esta servidumbre esté garantizada.
"Si nos atenemos a esta normativa, ha añadido Bonig, en el caso de Tavernes de Valldigna, y en otros de la Comunidad con edificaciones en altura de considerable tamaño pegadas a la ribera del mar y el vial trasero fuera de la zona de servidumbre de protección, no habría opción a considerar ni la servidumbre de tránsito garantizado ni la posibilidad de acogerse a las pequeñas reparaciones que exija la higiene, ornato y conservación".
Para evitar estos casos, ha manifestado la Consellera, "desde la Conselleria, consideramos que se debería rescatar la posibilidad de realizar las pequeñas reparaciones necesarias a efectos efectos de conservación de estas numerosas edificaciones".
