Por algún lado tenían que empezar a verse las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico español que ha cortado en seco las perspectivas de negocio de las energías renovables, con el recorte de las primas a la mitad.
Las renuncias empiezan a ser clamorosas. Los 175 megavatios (MW) de potencia eólica instalados el pasado año corresponden a los últimos coletazos del Registro de Preasignación, el cupo establecido en 2009 por el Gobierno para que sólo los nuevos parques inscritos entonces pudiesen percibir la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007. Una mínima cantidad debido a que las empresas titulares de 928 MW de los inscritos han renunciado a instalar esta potencia ante la incertidumbre existente.
Los 175 MW instalados apenas suponen un incremento del 0,77% respecto al áño anterior, el menor desde que en 1997 se regulara, por primera vez esta energía, en la Ley del Sector Eléctrico. Una potencia que sumaba un total de casi 23.000 megavatios, unos 2.000 menos de los previstos en el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 para cumplir con la Directiva europea 28/2009 de renovables.
El informe con fecha del pasado 17 de diciembre de la CNMC sobre el borrador de Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos señala que “determinadas tecnologías han superado con creces los objetivos”, uno de los motivos por el que justifica que se reduzca aún más la retribución de las instalaciones existentes. El sector eólico aún está por debajo de los objetivos.
Tras estas renuncias, quedan 177 MW no instalados inscritos en el Registro que no han renunciado expresamente a su construcción, ya que sus promotores están a la espera de que el Gobierno tome una decisión definitiva acerca de a cuánto asciende definitivamente el recorte de las primas.
Aunque este Registro, que se creó a través del Real Decreto-Ley 6/2009, garantizaba el derecho de los parques inscritos a cobrar una determinada retribución durante 20 años, con la reforma energética se eliminan los derechos adquiridos por las instalaciones existentes y se impone un nuevo sistema retributivo.
Prever el impacto económico que la reforma tendrá en el sector resulta un tanto aventurado a falta de la orden ministerial que fije los parámetros en base a los que se establezcan las nuevas condiciones económicas. No obstante, los cambios introducidos ya en el Real Decreto-Ley del Sector Eléctrico y el borrador de Real Decreto sobre renovables, sumados al impacto económico de otras normas no referidas a la eólica pero que le causarán un perjuicio económico, hacen pensar que el impacto será brutal y con consecuencias devastadoras para el sector.
