La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha pasado de invertir dos millones de euros en mantenimiento, conservación y reparaciones en el parque público de viviendas en 2012, a ocho en 2013, con una previsión de diez en 2014, quintuplicando así la partida en dos años.
"El cuidado y la dignificación de las viviendas sociales y sus zonas comunes son una línea estratégica de actuación de la Consejería, así como la defensa de su carácter público, en un contexto en el que numerosas administraciones están malvendiendo su patrimonio desde una consideración de la vivienda como mera mercancía", ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, durante la firma de adhesión de una decena de municipios de Sevilla al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Cortés ha señalado que los más de 80.000 inmuebles del parque andaluz, repartidos en más de medio millar de municipios en los que residen 350.000 personas, "van a continuar siendo públicos y brindando a la ciudadanía una función social, garantizando el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas familias que no pueden acceder al mismo en el llamado mercado libre".
La titular andaluza ha insertado en esta defensa del carácter público de las viviendas sociales el programa de trabajo comunitario en el que trabaja la Consejería, mediante el cual las familias deudoras de buena fe que no pueden hacer frente al pago de las rentas tendrán la posibilidad de compensar su deuda mediante tareas de conservación, mantenimiento y reparación de las viviendas en las que residen o las zonas comunes de sus edificios.
"La defensa de la dignidad de lo público y del compromiso vecinal en el cuidado de lo que es de todos es exactamente lo contrario de la caridad. Es reforzar el vínculo de responsabilidad de las familias con las viviendas públicas en las que residen, aunque a causa del desempleo no puedan hacer frente al pago de las rentas", ha señalado Cortés.
"Desde junio del año pasado, la Consejería no desahucia a nadie en el parque público por no poder pagar, atendiendo a la situación de emergencia social y habitacional. Nadie pierde una vivienda social por haberse empobrecido", ha añadido Cortés. Ello no significa, ha explicado, que la Consejería "haya dejado de ejercer una labor del control y de implicación de los vecinos y las comunidades".
"La gran mayoría de los inquilinos de las viviendas abonan su renta, pero hay una minoría que, aunque lo pretende, no puede materialmente hacerlo, y en ocasiones son esas mismas familias las que nos exponen su voluntad de contribuir de otra manera", ha dicho la consejera. La consejera considera "constructiva" la solución del trabajo comunitario porque "refuerza los lazos de comunidad y responsabilidad colectiva, dignifica lo público y rompe con los esquemas individualistas imperantes".
La consejera ha apuntado que el programa de trabajo comunitario en el que trabaja su departamento encuentra su anclaje en el artículo 50 del borrador del Plan de Vivienda y Rehabilitación, actualmente en fase de alegaciones y que previsiblemente será aprobado en los próximos meses. Dicho artículo señala que la Consejería "podrá acordar con las personas arrendatarias la autorreparación de las viviendas que habitan y de los elementos comunes de los edificios". Y añade: "Esta autorreparación se evaluará técnica y económicamente al objeto de su compensación por un porcentaje mensual de las rentas a la que están obligados las personas arrendatarias, así como a sufragar el importe de sus deudas".
Cortés ha añadido que la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su última modificación, incorpora al artículo 17 un apartado (el 5), según el cual "en los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble".
Aparte de quintuplicar los recursos públicos dedicados al mantenimiento del parque público en dos años, Cortés ha recordado que la inversión movilizada en rehabilitación por las políticas de la Consejería será en 2013 de 80,8 millones de euros, lo que supone la actuación en 10.352 viviendas y 7.501 empleos, y que en 2014 el presupuesto de los programas de vivienda y rehabilitación crecerá un 11,2%.
También ha señalado que la Consejería trabaja en el estudio de la calificación energética de su parque de vivienda para, con posterioridad, poner en marcha un plan de inversión con fondos autonómicos y europeos. Antes, la Consejería invertirá 3,7 millones en un proyecto de intervención energética en las ocho provincias. "Estamos movilizando todos nuestros recursos para propiciar la reactivación del sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis y el desempleo, a través del a rehabilitación y la eficiencia energética", ha apuntado Cortés.
Elena Cortés ha firmado con diez municipios de Sevilla la adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con lo que ya son 47 las localidades de la provincia que apoyan dicha iniciativa. En Andalucía suman un total de 239, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Diputación de Huelva y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Los ayuntamientos firmantes son Gines, Peñaflor, Camas, Coria del Río, La Campana, Lora del Río, Pruna, Gerena, Marchena y Mairena del Alcor. La titular de Fomento y Vivienda ha destacado que este programa está sirviendo para articular "un amplio bloque institucional contra los desahucios, que suma esfuerzos junto con el bloque social, que lleva ya cinco años luchando por parar esta sangría social".
La oficina de intermediación contra los desahucios de Sevilla asociada al programa ha evitado en la provincia un total de 886 desalojos desde la apertura de este servicio en octubre del pasado año. Este es el número de personas que han acudido a la oficina provincial del programa, en la sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, solicitando los servicios de intermediación para evitar el desahucio una vez se encontraban ya en mora con la entidad hipotecaria. "Todas estas familias continúan en sus casas, con lo que se cumple el objetivo fundamental del programa", ha señalado la consejera.
La oficina de Sevilla, bien en su sede de la Delegación de Fomento y Vivienda o bien gracias a la colaboración de los ayuntamientos adheridos, ha atendido a 1.157 familias. De ellas, 161 han sido en el área de prevención, antes de que los usuarios del servicio entraran en mora con la entidad financiera. Estos casos han sido resueltos favorablemente, evitando preventivamente un riesgo de vulneración del derecho a la vivienda.
Las 886 familias en riesgo de desahucio que han acudido a la oficina en el área de intermediación continúan en sus casas. "Son desahucios que hemos evitado con fórmulas como la dación en pago con o sin alqui
ler social, la renegociación de las condiciones de los préstamos hipotecarios, carencias en la amortización de capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés, cláusulas suelo, suspensión del lanzamientos y subastas", ha enumerado Cortés. La consejera ha explicado que, incluso en los casos en que la negociación sigue abierta, las familias se mantienen en sus casas, lo que demuestra que "cuando la administración se pone de parte del eslabón más débil, lo refuerza y dificulta enormemente el desalojo".
En el área de protección han acudido a la oficina 110 familias. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.
