El Gobierno de Canarias mantiene un parque público de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria de 4.529 viviendas por las que las familias abonan una cantidad subvencionada desde 2 y 90 euros al mes, dependiendo de los ingresos y las dimensiones de la vivienda. La consejera de Vivienda, Inés Rojas consejera expuso en respuesta parlamentaria que, según el informe de la Defensora del Pueblo, "Canarias es la segunda comunidad de todo el Estado en número de viviendas en alquiler social, tan solo precedida por una comunidad como es el País Vasco".
Rojas explicó que se ha priorizado el alquiler frente a la compra de vivienda nueva con el objeto de dar respuesta a las familias sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda y en riesgo de exclusión social. En este sentido se ha procedido a reconvertir las viviendas que la empresa pública Visocan construyó para la venta en alquileres económicos y solo en este año 2013 ya se ha dado alojamiento a 36 familias en Las Palmas de Gran Canaria.
En este año también, el Gobierno de Canarias tramita la adjudicación de un total de 397 viviendas en régimen de alquiler para familias con ingresos inferiores a 11.000 euros en el Archipiélago de las que 115 están ubicadas en la capital grancanaria, las 57 viviendas de Las Torres y 58 de Jinámar construidas directamente por el Gobierno.
La construcción de las 57 viviendas de Las Torres supuso una inversión del Gobierno canario de 3.783.386 euros y la construcción de las 58 viviendas de Jinámar en las que el Gobierno canario invirtió 6.443.857,75 euros.
Además, el Gobierno de Canarias mantiene varios convenios con el Estado y el Ayuntamiento en marcha para la rehabilitación o reposición de distintos barrios en la capital. En concreto, la rehabilitación de cerca de mil viviendas ubicadas en los barrios de Escaleritas, San José y casco histórico de Vegueta y las reposiciones de las 114 viviendas en Tamaraceite y 37 en el barrio de Mata.
Un impedimento legal para adjudicar en 2012. La consejera recordó que durante el año pasado se tuvo que paralizar la entrega de viviendas que se regían por el decreto de adjudicaciones actual debido a un contencioso interpuesto por el sindicato CCOO "Curiosamente -manifestó Rojas- este sindicato admite este sistema de adjudicación en toda España menos en Canarias".
En el caso concreto de la provincia de Las Palmas por las que le preguntaron en el Parlamento, la consejera detalló que se entregaron 79 viviendas. "Sí pudimos entregar otras promociones que se regían por decretos anteriores, como dos viviendas en segunda adjudicación así como las viviendas protegidas construidas por la empresa pública Visocan que ascienden a un total de 77".
Rojas explicó que este impedimento legal ya está resuelto y "sólo en este año un total de 573 familias han sido alojadas en viviendas en régimen de alquiler social. En concreto, 522 que fueron construidas para la venta por Visocan y que se han entregado en alquiler; 79 de promoción pública que fueron recuperadas y entregadas en segunda adjudicación en el marco de la Estrategia canaria contra la Pobreza y otras 46 viviendas nuevas construidas por el Gobierno de Canarias, 26 en Valverde, El Hierro que ya han sido entregadas y 20 en Pájara, Fuerteventura, adjudicadas y pendientes de entrega".
