Muchos recuerdan todavía en Castellón aquel famoso “¿os gusta el aeropuerto del abuelo?”, con el que el entonces presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, recibía a sus nietos cuando, a finales de marzo de 2011, se procedió a inaugurar el polémico aeropuerto de Castellón. En dos meses había elecciones y había que animar a los votantes.
El mismo aeródromo por cuyas pistas, según el propio Fabra refería en su discurso, aterrizarían los primeros aviones en breves meses, poniendo en entredicho las voces que, con toda la razón del mundo pensaban lo contrario, y que, a la vista de los hechos, tenían toda la razón de que aquello no tenía futuro alguno.
A principios del presente año, Fabra lanzó un ‘globo sonda’ sobre una oferta de compra del aeropuerto por la que unos desconocidos inversores iban a poner 200 millones de euros para quedarse con el aeródromo. Nunca más se supo de esta oferta ni de otras que, con la boca pequeña, el eternamente imputado y nunca condenado expresidente de la Diputación se sacó de la manga.
Ahora, el aeropuerto sigue sin estar operativo, pero resulta que hay que pagarlo. Que hay que abonar más de 120 millones por las obras de construcción. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba de sentenciar que la sociedad pública Aerocas, participada mayoritariamente por la Generalitat Valenciana, deberá abonar 120 millones de euros a Concesiones Aeroportuarias (Conaer) por la obra ya ejecutada.
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castellón, que llega tras la celebración el pasado 18 de junio del juicio por esa demanda, explica que Aerocas suscribió con Concesiones Aeroportuarias (Conaer) el contrato para la construcción del aeropuerto en diciembre de 2003 a cambio de la explotación de las instalaciones aeroportuarias durante 47 años.
Aunque la financiación del proyecto no fue fácil, ambas partes decidieron tirar hacia adelante con el contrato hasta que Conaer, después de una primera recepción provisional de las obras, decidió que había que modificar el contrato. Así se hizo. La novación se firmó dos días antes de la inauguración oficial del aeropuerto. Sin embargo, al final se optó por resolver el contrato, aunque surgieron las discrepancias sobre las consecuencias de esta resolución.
Ahora, el juez lo deja claro. Estima la demanda de Aerocas de dar definitivamente por resuelto el contrato, sí, pero, una vez liquidada la relación contractual entre ambos, la Generalitat deba asumir el coste de las obras finalizadas. Esos 120,87 millones de euros más el IVA que se abonará en el momento de la liquidación de las cantidades, que se corresponden con los costes de la obra (111 millones) más cantidades correspondientes por sobrecostes y obras adicionales realizadas.
