El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha anunciado en Madrid que el Gobierno regional va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética que afecta al sector de las energías renovables.
El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones tras reunirse con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a quien trasladó la “frustración” de los inversores de fotovoltaicas y renovables “a los que un día se les animó a apostar por ese sector”, ya que, considera Valcárcel, que “el problema no se resuelve a quienes han invertido en este tipo de instalaciones”.
Valcárcel recordó que la Comunidad ya presentó un recurso de inconstitucionalidad cuando el Gobierno del Partido Socialista “cambió las reglas del juego a mitad del partido”, y añadió que ahora, “por coherencia” y por el “daño importante” que se genera a los intereses de los inversores, “presentaremos un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma que plantea el Gobierno”, en referencia al Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
“Por coherencia y porque creo que se genera un daño importante a los intereses legítimos de estas personas, a las cuales se las animó un día para que llevaran a cabo inversiones de este tenor, y hoy en día se ven frustrados porque lo que se decía entonces que sería una rentabilidad determinada y hoy esa rentabilidad cae por su propio peso”, remarcó el presidente regional.
El presidente de la Comunidad avanzó que “yo tengo que defender los intereses de quienes en la Región de Murcia realizan este tipo de inversiones y ahora se ven con el paso cambiado por este tipo de decisiones”. En este sentido, Valcárcel anunció que en breve se reunirá con representantes del sector en la Región de Murcia.
La reforma del sector eléctrico se está desarrollando pocos años después de que cientos de inversores, tanto nacionales como extranjeros, comprometieran sus fondos en un sistema que garantizaba una cierta rentabilidad. La ruptura radical, no progresiva, de este sistema pondría en grave peligro la viabilidad de estas instalaciones que apenas han tenido tiempo para su amortización.
Las propuestas presentadas por el Ministerio en relación con las energías renovables vulneran el principio de seguridad jurídica, pues no garantizan la rentabilidad razonable a unas inversiones en instalaciones de energías renovables, especialmente las fotovoltaicas. Además las propuestas se vinculan a nuevos parámetros externos al sector eléctrico (la rentabilidad se vincula al coste del endeudamiento del Estado: Bono a 10 años). Estas modificaciones vendrían a estar en contra de la transposición de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo, al poner trabas al desarrollo de las energías renovables.
