Madrid. Últimamente no pasa semana en que los tribunales de justicia se pronuncien contra la impunidad que, durante los tiempos del ‘boom’ inmobiliario se vivió en España. Dos de las últimas actuaciones conocidas se centran en dos municipios de la Comunidad de Madrid, en Las Rozas y en Perales de Tajuña.
En el primero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de ordenar la ejecución de sentencia que obliga a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver al Ayuntamiento de esta localidad la parcela de casi 115.000 metros cuadrados de superficie que ocupa la Ciudad del Fútbol.
Se pone así fin a un largo proceso judicial que puede suponer ingresos de unos 45 millones de euros para el Consistorio, ya que el terreno en el que se asienta fue valorado a finales de los noventa en unos 1.400 millones de pesetas.
La historia se remonta al 4 de junio de 1998, cuando el Pleno municipal aprobó un convenio por el que cedía a la federación durante 50 años varias parcelas que sumaban 120.000 metros cuadrados de forma gratuita, con una edificabilidad de 18.000 metros cuadrados. Ya en agosto de ese año se interpuso un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo.
Un litigio de tres lustros con un sinfín de hitos. Como el de 2004, cuando la primera sentencia obligaba a la Administración local a deshacer la operación y sacarla con un concurso público. La sección de Ejecuciones del TSJM recuerda que la sentencia fue dictada el 6 de octubre de 2004 y cuya firmeza se alcanzó el 26 de febrero de 2007. Desde entonces, han sido numerosos los recursos presentados que han dilatado la ejecución del fallo. El Tribunal Supremo decretó que no había lugar al recurso de casación.
También el Tribunal Supremo ha anulado las normas transitorias en Perales de Tajuña tras el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción para evitar la reclasificación de zonas de vega con valor ambiental y cultural. El plan del municipio era construir 718 viviendas, lo que suponía incrementar un 48% el parque residencial (el municipio cuenta con 1.500).
La mitad de las viviendas estaban proyectadas en una zona de vega inundable ocupada desde hace decenas de años por huertos. Además, se contemplaba la construcción de un polígono industrial.
Como consecuencia de todo esto, vuelven a estar vigentes las normas de 1977, no adaptadas a la legislación urbanística actual cuya aplicación puede generar situaciones ambiguas y de inseguridad jurídica.
