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Liquidación definitiva de la subsidiación en hipotecas

Primero, que se iban a eliminar, luego que no. Finalmente, será que sí. Quedan suprimidas las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para comprar viviendas de protección oficial. Incluidas las que estaban en tramitación y no hubieran sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno ha aprovechado la reforma de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas para suprimir las prórrogas de estas ayudas. Hay cerca de 300.000 personas afectadas en toda España.

Las ayudas de subsidiación suponían una subvención a una parte proporcional de la cuota mensual de la hipoteca de una vivienda de protección oficial y eran de gran trascendencia para muchas familias. Un derecho que estaba reconocido por los planes de vivienda de gobiernos anteriores y que ahora desaparece.

En un principio, el Gobierno no aclaró si se podrían prorrogar las ayudas de planes anteriores, pero a través de la Ley del Alquiler, han hecho un nuevo recorte y dan un nuevo revés a los ciudadanos que tenían reconocida la subsidiación.

La medida supone, por un lado, que muchas familias que acudieron a comprar una  vivienda de protección oficial subsidiada, va a tener que pagar entre 200 y 400 euros más al mes, y por otro, que muchas personas que tenían concedida esas ayudas a la entrada y a la subsidiación de vivienda ya no van a poder recibir esa ayuda y perderán la casa que tenía concedida, dado que la Ley establece un plazo de dos meses para formalizar la hipoteca de la vivienda que tenían concedida y la mayor parte de los beneficiarios no van a poder hacerlo.

Otro lastre que añadir a las entidades financieras y al banco malo que se van a tener que quedar con nuevas viviendas procedentes de la ejecución de nuevos procesos de ejecución hipotecaria.

Ante el alargamiento y empeoramiento de la crisis económica, el mantenimiento de estas ayudas se antojan más necesarias que nunca para garantizar el acceso a la vivienda y mantener la propiedad de la misma.

Se trataría de, al menos, mantener el derecho a percibir la ayuda de subsidiación de préstamos para aquellas personas que lo hubieran solicitado antes de la entrada en vigor de esta derogación. También para aquellas personas que solicitan una prórroga del mismo transcurridos cinco años de su concesión.

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