El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha considerado que el Gobierno utiliza a la Unión Europea como "coartada" para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Vázquez ha hecho referencia así a la comunicación enviada por la Comisión Europea al Ministerio de Economía sobre la citada normativa y su repercusión en la estabilidad financiera del país, y ha lamentado que este escrito se interprete "desde el lado de los poderes financieros y no del de los ciudadanos".
En este sentido, Vázquez ha sostenido que el Gobierno usa esta información de la Comisión Europea como "excusa de constitucionalidad" para acometer una actuación que "nadie entendería". "Cómo se va a aceptar que se den 41.000 millones a la banca y no se apruebe la dación en pago, se estafe a la gente con las preferentes y luego se recurra este decreto", ha señalado.
Por ello, ha instado al Ejecutivo a "ser valiente, sin tomar atajos ni aliados", aunque ha recordado que el decreto tiene "anclaje constitucional a medida" y cuenta con el respaldo de diversas normativas internacionales. Además, ha precisado que la Comisión Europea "no tiene competencias" sobre este asunto, de "carácter nacional y regido por la Constitución", y ha considerado que su interpretación viene no obstante "magnificada por el Gobierno de España".
En cuanto al contenido del decreto, el portavoz ha cuestionado que la "felicidad de muchas familias pueda poner en tela de juicio la estabilidad financiera de un país como España", al contemplar la expropiación temporal del uso a inmobiliarias o entidades financieras de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias. "Si es así, o el sistema está más en riesgo del que se nos cuenta o en la UE los que mandan son los bancos", ha declarado.
El portavoz ha citado también el caso de países europeos con exigencias superiores a Andalucía en este sentido, como Holanda, donde es legal la ocupación de viviendas cuando lleven vacías más de un año; Reino Unido, país en el que se contempla la incautación de viviendas de personas fisicas y jurídicas que lleven vacías más de seis meses; Alemania y Suecia, donde hasta se pueden derribar viviendas vacías, o Dinamarca, que desde hace cinco décadas contempla las multas a propietarios de estos inmuebles.
Por todo ello, Vázquez ha solicitado a la UE "que no arrime el ascua a los intereses de la banca y se preocupe de los problemas de los ciudadanos", a través del fomento de políticas de empleo, impulso económico y para que el crédito fluya a las familias y pequeñas y medianas empresas.
