En el primer trimestre de 2013 se han iniciado 21.272 ejecuciones hipotecarias, un 13,9% menos que el año anterior. Una de las causas de esta disminución puede encontrarse en la aprobación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representa el 22,5% del total, le siguen Cataluña con el 21,4%, la Comunidad Valenciana con el 13,2% y la de Madrid con el 10,1%.
Respecto a los lanzamientos se dispone de dos datos. En primer lugar, el número de los solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, de los que se dispone de una serie desde 2008 aunque tienen el inconveniente de que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos.
Debe recordarse también que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten al servicio común no significa que este lo hay podido ejecutar. Con estas matizaciones, se observa que el número de lanzamientos solicitados ha sido de 16.521, un 15,8% menos que en 2012. De estos, han terminado con cumplimento positivo 10.074, un 23,3% menos que en 2012.
Las causas de esta disminución son diversas, si bien a efectos del presente informe, podemos citar como de origen legal tanto la publicación de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que por lo que se refiere a los lanzamientos derivados de procedimientos arrendaticios facilita la entrega del inmueble en el juzgado, sin que se derive la práctica del mismo a los servicios comunes, como la del Real Decreto-ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que establece la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables
Por primera vez, en el año 2013 se dispone del número total de lanzamientos practicados, que en el primer trimestre ha sido de 19.468, de ellos el 24,3% se han producido en Cataluña, el 15,4% en la Comunidad Valenciana, el 13,3% en la de Madrid, y el 12,9% en Andalucía. Del total de lanzamientos, el 37,5% se derivan de ejecuciones hipotecarias, el 57,7% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas.
Según los datos del Servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial un total de 3.207 concursos fueron presentados en los juzgados de lo mercantil durante el primer trimestre del presente año, lo que supone un incremento interanual del 26,2 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2012.
Destaca el incremento experimentado en Baleares, de más de un 10 por ciento, donde se ha producido la entrada en situación concursal de varios importantes grupos turísticos. En Cataluña se han presentado el 18,1% de los concursos. En Madrid, el 14,3%, en la Comunidad Valenciana, el 13,2%, y en Andalucía, el 10,3%.
Se han declarado un total de 2.504 concursos, a los que hay que añadir los 210 que se han declarado y concluido al amparo del Art. 176 bis 4 de la Ley concursal. Durante el trimestre han llegado a la fase de convenio un total de 422, mientras que han iniciado la liquidación 1.534. Hay que señalar que se han presentado 498 expedientes del artículo 64 de la Ley concursal (EREs).
En los juzgados de lo social se han presentado 41.878 demandas por despido, un 24,4% más que en el primer trimestre de 2012. Madrid ha sido la Comunidad con el mayor porcentaje de demandas de despido respecto al total nacional, 18,9%. Le siguen Cataluña, 17,2% y Andalucía, 15,8%. En estos mismos juzgados se han presentado 36.406 reclamaciones de cantidad, con una disminución del 10,2% respecto a igual periodo de 2012.
Por otra parte, se han presentado 137.260 procedimientos monitorios, con una disminución respecto al primer trimestre de 2012 del 20%. Este descenso viene tras el importante incremento interanual, del 52,5% observado en el cuarto trimestre de 2012, y se puede considerar provocado, en buena medida por los efectos derivados de las modificaciones de las tasas judiciales.
