Madrid. No han pasado ni tres meses desde que Sareb, el banco malo, recibió la totalidad de los activos tóxicos con los procedentes del Grupo 2, y ya se está viendo la posibilidad de articular otro mecanismo para ver qué se hace con la ‘morralla’ inmobiliaria que se quedó en el balance de las siete entidades nacionalizadas, y que lo único que hace es lastrar las cuentas. Las suyas y la del resto del sistema financiero nacional.
Algunos se preguntaban entonces, y, a la vista de los datos –con más razón que un Santo– la razón por la que no se amplió la línea de rescate facilitada por la Comisión Europea, de manera que de, una vez por todas, se erradicara de raíz el cáncer de los activos tóxicos.
Esos casi 20.000 millones de euros, tanto de 7.500 millones de crédito al promotor como de otros casi 12.000 millones de activos adjudicados por impagos, en pisos y suelos tasados por debajo de 100.000 euros que no se traspasaron al banco malo. Cantidades que no van a dejar de crecer como consecuencia del imparable aumento de la morosidad.
Total, ya puestos, en lugar de los 50.000 millones del rescate se hubieran utilizado 70.000 y todavía sobrarían 30.000. Al final, no va a quedar otra que hacerlo, y su negociación volverá a traer incertidumbre y nuevas tensiones en los mercados financieros ante una nueva chapuza del Gobierno.
El lastre inmobiliario que queda, por una parte, y por la otra, otra ‘bomba de relojería’ como es la exposición a las pymes y las hipotecas, negocios en los que las entidades nacionalizadas también cuentan con una exposición elevada.
Detrás de esta limpieza, sobre todo en el caso de CatalunyaBanc, está su venta, una vez descartada la subasta hace un mes por negarse el FROB a otorgar más ayudas públicas a través de un Esquema de Protección de Activos, como ocurrió con los casi 800 millones ofrecidos a Caixabank y Sabadell para que se quedaran con Banco de Valencia y Banco Galego, respectivamente.
Y en esas está el Ministerio de Economía y Competitividad, que cuanto antes debe dar una nueva solución a este problema no cerrado. Que si se lo endilgamos a la Sareb, que si hacemos unos ‘créditos puentes’. Cualquiera de las soluciones que se manejan acarrearía problemas financieros adicionales para el Estado, con aumento del déficit, y nuevamente transmitiría la sensación al exterior de que la supuesta limpieza de la ‘basura’ inmobiliaria en los balances de las entidades financieras está lejos de estar lograda.
