Madrid. Últimamente, parece que se ha puesto de moda elevar los asuntos judiciales contra el Gobierno más allá de nuestras fronteras, intentando que otras jurisdicciones, quizá no tan llenas de prejucios ni tan controladas por el poder político, juzguen asuntos de enjundia.
Tras la histórica sentencia sobre el abuso de ciertas prácticas hipotecarias, son ahora los productores de renovables los que ultiman una demanda contra España por expropiación encubierta de sus instalaciones. De momento, la denuncia, a presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, viene amparada por el respaldo previo del comisario europeo de Energía, Günter Oettinger.
Los colectivos afectados consideran abusivas las sucesivas reformas llevadas a cabo por el Gobierno en este sector durante los últimos meses, que han provocado el hundimiento de los ingresos a casi la mitad, motivo por el que a muchas empresas no les va a quedar otra que ir a la quiebra al no poder hacer frente a los cuantiosos gastos financieros asumidos con los créditos firmados.
Son, en su mayoría, pequeños empresarios que, según argumentan en la denuncia, ven detrás de las reformas acometidas por el ejecutivo la mano larga de las grandes compañías energéticas, que, al final, se quedarían con las plantas en funcionamiento por la mitad del valor una vez que esas plantas acaben en el balance de las entidades financieras.
Detrás de esta denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, se hallan 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de los incentivos que, desde el Gobierno, se pusieron sobre la mesa hace seis años.
En la demanda se incluyen informes detallados sobre las sucesión de normas retroactivas que ha ido soportando este colectivo y los impactos económicos derivados de cada una de estas medidas, así como una información elaborada a partir del análisis de una consultora internacional independiente.
Incluso se recogen algunos testimonios que, en otros países, los dirigentes políticos han realizado últimamente sobre este sector, como la propia canciller alemana, Angela Merkel, que no ha dudado en salir en defensa de la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en el territorio de la República Federal.
