Madrid. Pensaba el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, que el de ayer, en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, iba a ser otro plácido acto de clausura, pero no fue así. Su presencia, antes empresario como el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, o los presidentes de Adif y Sacyr, Gonzalo Ferré y Manuel Manrique, fue de todo menos plácida.
Acudía a clausurar el Foro de Desarrollo Empresarial de Infraestructuras organizado por AT Kearney, los estudiantes y trabajadores aprovecharon la ocasión para expresar de manera sonora –tanto que alguno de los presentes asegura que en buena parte de la sala no se oyeron sus palabras– su malestar por los 301 despidos que este sábado va a aprobar el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto 156 empleados temporales de administración y servicios como 145 funcionarios interinos. Recortes que se enmarcan en un plan para reducir los gastos en 25 millones de euros.
Catalá, sorprendido por la protesta, salió del paso como pudo, llegando a reconocer la legitimidad de las protestas tras lanzar los mensajes que había preparado para el acto, como esos 23.000 millones de euros en contratos logrados en 2012 por las constructoras españolas que evidencian la fortaleza del sector empresarial español, apoyado en la calidad que ofrece la labor desempeñada por la ingeniería española, y la necesidad de que, ante la falta de recursos públicos y de la financiación bancaria, sea la vía de la colaboración público-privada la que tire del carro en estos momentos.
Mucho más cómodo estará Catalá la próxima semana cuando, junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, reciban la visita de un emisario del jeque de Arabia Saudí, Sulaiman Al Fahim. El objetivo poner las bases para que un buen número de contratos para la construcción de la ‘nueva Meca’ se los lleven las empresas de construcción españolas.
El objetivo de este proyecto pasa por levantar un nuevo núcleo urbano entre La Meca y Yeda de cara a facilitar la residencia de millones de musulmanes cerca de la Ciudad. Se habla de una inversión inicial superior a los 30.000 millones de euros para, en una primera fase, construir unos 25.000 apartamentos y numerosas infraestructuras, tras la que se abordaría una fase ulterior encaminada a dotar a la ciudad de centros sanitarios y educativos.
