Madrid. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha firmado la renovación del convenio de colaboración con el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José Agustín Granero, en virtud del cual ambas instituciones se comprometen a colaborar en la realización de informes técnicos y dictámenes periciales motivados por problemas de los consumidores en materia de vivienda. De este modo, la Comunidad renueva su compromiso para la protección de los derechos de los consumidores en este sector.
A través de dicho convenio, el Colegio Oficial de Arquitectos elaborará y actualizará anualmente una lista de colegiados, con la formación, experiencia y perfil profesional adecuados para el desempeño de labores periciales en los procedimientos sancionadores de consumo relativos al sector de la vivienda y la edificación. Estos procedimientos están motivados por denuncias de consumidores ocasionadas por defectos de construcción y desperfectos en viviendas, entre otras.
Gracias a este acuerdo, el Colegio de Arquitectos designará por sorteo al técnico perito y visará sus conclusiones en un plazo máximo de cinco días hábiles a la finalización del peritaje. El perito técnico designado por el colegio deberá tener una antigüedad igual o superior a 5 años de ejercicio de la profesión, o en su defecto, acreditar una formación específica en el conocimiento de patologías de las edificaciones, o formación específica en arbitrajes, peritaciones judiciales y reclamaciones de daños. El colegio también velará por el estricto cumplimiento de los deberes profesionales de los colegiados en la ejecución del peritaje.
Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda facilitará al colegio todo el material divulgativo que realice para su distribución entre sus colegiados. Además, tanto el colegio como el Gobierno regional se comprometen a colaborar en el diseño de una campaña de difusión dirigida a los colegiados.
El consejero de Economía y Hacienda destacó que durante el año 2012, las reclamaciones de consumidores en materia de vivienda se redujeron un 6,9% respecto al año anterior, al pasar de 478 en 2011 a 445 durante el pasado año. Las reclamaciones en este sector representaron el 1,8% del total de las presentadas en la Comunidad de Madrid, relativas principalmente a deficiencias en la prestación de servicios, incumplimiento de contratos o disconformidad con los precios.
En 2012 se resolvieron un total de 13 expedientes sancionadores iniciados por irregularidades relativas principalmente a publicidad engañosa y cláusulas abusivas. Ossorio señaló que con la renovación del acuerdo se garantiza a los consumidores la calidad en la prestación de servicios en materia de vivienda por parte de la administración.
En este sentido, el consejero subrayó la importancia de garantizar un conveniente funcionamiento del sistema de control del mercado y de una formación adecuada de los colegiados en este sector, así como una cualificación apropiada de técnicos de consumo para proteger los derechos de los consumidores. Por este motivo, el consejero valoró positivamente la colaboración y el compromiso de las administraciones públicas en la mejora de la calidad de los servicios recogidos en el convenio.
