Madrid. La imaginación no tiene límites a la hora de obtener ingresos extraordinarios. En la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por María Dolores de Cospedal, también secretaria general del Partido Popular, le han dado vueltas al tema, y han pedido a los técnicos que evalúen la posibilidad de vender los montes de utilidad pública de la Junta dentro de un plan de Hacienda de obtener fondos.
A mediados del pasado mes de enero, las delegaciones provinciales de Medio Ambiente recibieron el encargo de realizar un informe sobre una serie de montes selectos que suman decenas de miles de hectáreas. Aunque son montes de utilidad pública, y su venta tiene difícil encaje jurídico, la Junta pedía que se detallara si incluían alguna construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar un vallado cinegético.
Entre los montes susceptibles de salir a la venta están los tres refugios de fauna que Castilla-La Mancha desprotegió en octubre para permitir la caza en Toledo. Se trata de Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, Nava de Don Diego y el Dehesón del Encinar, en el Valle del Tiétar, de 714 hectáreas. Toledo y Ciudad Real son dos de las provincias con mayor dependencia de la caza y con enormes fincas de millonarios, que serían los que podrían comprar.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes que ocupan 171.228 hectáreas, susceptibles de ser vendidos entre el 20% y el 30%, por lo que se ofertarían entre 46 y 68 montes y una superficie entre 34.000 y 51.000 hectáreas de propiedad pública”. El precio, variable según la zona y el uso, estaría entre 1.500 y 6.000 euros por hectárea.
Desde el punto de vista jurídico, la venta de monte de utilidad pública no es algo tan sencillo. Si son montes patrimoniales de la comunidad no tiene mayor problema. Pero si están incluidos en el catálogo de utilidad pública, hay un expediente que justifica su inclusión, por su interés ecológico, protector, la fauna, en cuyo caso se debería tramitar su desafectación, debidamente justificada desde el punto de vista técnico. En Castilla-La Mancha todos los montes, cuya titularidad es de la Comunidad Autónoma, fueron en su día inscritos como bienes demaniales, con lo que su venta es legalmente complicada.