Santiago de Compostela. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) inició en Galicia a lo largo de la pasada legislatura un total de 881 expedientes de reposición de la legalidad y resolvió cerca de 710. El informe de balance de la actividad de la Agencia revela además que en ese período se realizaron 219 demoliciones de edificaciones ilegales en las diferentes provincias gallegas.
El número de demoliciones fue incrementando la medida que la Agencia iniciaba su andadura. De las 8 demoliciones del 2008, año en que fue creado el organismo, se pasó a 37 en 2009, 39 en el 2010, mientras que en el 2011 fueron 72, las mismas que en 2012. Esta evolución es muestra del impulso que poco a poco este organismo fue adquiriendo. La reposición de la legalidad llevada a cabo se ejecutó sobre edificaciones de distinta naturaleza. La característica común en todos era la de estar construidas en suelo rústico sin autorización.
Además, las infracciones urbanísticas perseguidas por la Agencia supusieron la imposición de 1.245 multas coercitivas durante el período 2009-2012.
Otro aspecto destacable es la preocupación por proteger la costa de Galicia, ya que el litoral es uno de los valores de identidad de nuestra comunidad. La actividad de inspección de la APLU se está incrementando considerablemente en esta zona, ya que si en el año 2009 se iniciaron 9 expedientes, en el 2010 fueron 43, y en los años 2011 y 2012 fueron 50 expedientes cada año.
En cuanto a los expedientes resueltos en la zona de protección del litoral, el pasado año se resolvieron 36 expedientes de reposición de la legalidad por infracciones a la Ley de espaldas, frente a 25 en el año 2011, 21 en 2010 y 3 en el año 2009.
En los últimos doce meses la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística inició un total de 192 expedientes de la reposición de la legalidad urbanística, y se resolvieron 185. El número de multas coercitivas impuestas fue de 292 y las demoliciones ejecutadas 72, mientras que el número de expedientes sancionadores resueltos fue de 36.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de modificación de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección de en medio rural de Galicia, la Agencia tuvo que intervenir en el procedimiento regulado en la Disposición Transitoria Tercera, que posibilita la declaración legal de situación en el régimen fuera de ordenación y su inscripción en el Registro de la Propiedad, con el objeto de dotar de una mayor seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.
En este sentido, la Agencia emitió 820 informes en 2012, en los que se acredita la no existencia de infracción y se comprueban los vuelos aéreos de los últimos años de cada una de las solicitudes formuladas. El número de informes emitidos en el año 2011 fue de 55, lo que claramente muestra el incremento de la actividad de este departamento autonómico.
También como muestra del incremento de la tarea administrativa, y preocupados por garantizar los derechos de los ciudadanos, se puso especial hincapié en la resolución de los recursos administrativos con el fin de dar una respuesta escrita, y lo más pronto posible, al gran número de reclamaciones que presentan los ciudadanos. Así, en el año 2012 se resolvieron 412 recursos administrativos, frente a los 322 del año 2011, a los 315 del año 2010 y a los 225 del año 2009.
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística comenzó su actividad en el año 2008, si bien fue a partir del 2009 cuando comenzó a ejercer de forma efectiva sus funciones, gracias al impulso del actual Gobierno.
Desde la Xunta señalara que una de las materias pendientes en la Comunidad gallega es ir rematando poco a poco con la sensación de impunidad urbanística que se esconde tras la frase “tú ve haciendo”.
