Toledo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a interponer una demanda por vulneración del derecho al honor de la presidenta, María Dolores Cospedal, contra la organización ecologista Greenpeace por vincular, en el documento titulado “Amnistía a la destrucción”, aspectos de su intimidad personal con una supuesta red de intereses que habría influido en la redacción de la reforma de ley de costas, impulsada por el Ministerio de Agricultura.
Tal implicación y participación de la presidenta de Castilla-La Mancha en la supuesta red son absolutamente falsas, entre otras cosas porque resulta obvio que la presidenta de una comunidad autónoma que carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español. Asimismo, pretender que existen otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su entorno en la modificación de dicha norma vulnera de manera intolerable la dignidad y la ética de cualquier gobernante público.
Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades van a interponer esta demanda contra Greenpeace, porque además de la falsedad de las supuestas conexiones de la presidenta con la modificación de dicha normativa, éstas han sido recogidas por diferentes medios de comunicación. Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona. Por ello, la presidenta ha ejercido su derecho de rectificación en dichos medios. En dicha carta, Cospedal les ha advertido de que si perseveran en la publicación de esas informaciones que atentan contra su honor también serán objeto de la interposición de la pertinente demanda.
Asimismo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha niega tajantemente que se haya utilizado dinero o medios públicos para el ejercicio del derecho de rectificación del entorno familiar de Cospedal.
Intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia.
