Madrid. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar los balances del sector no financiero publicados por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), ha advertido que, en líneas generales, las empresas que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en el primer semestre de 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, con un retraso medio de 215 días, casi el triple del máximo fijado para ese año (75 días).
Según estos datos, el sector de la Construcción e Inmobiliario es el peor pagador, alcanzando los 307 días de retraso en 2012. Le siguen, el sector Servicios y Comercio (234), el Industrial (216), y el de Energía (100).
Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas empresas realizan a sus respectivos clientes, notablemente menores, situándose en el sector de la Construcción e Inmobiliario, en 136 días; Servicios y Comercio, 69 días; el Industrial, 89; y el de Energía, 60. “Estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”, denuncia el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete.
Ante situaciones como ésta, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros. Otras propuestas son la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
Asimismo, “es preciso señalar que los datos que se deducen del informe de la CNMV muestran un descenso de casi un 12% en los plazos de pago a proveedores por parte de estas grandes compañías en el primer semestre de 2012 con respecto al cierre del año anterior, posiblemente por la puesta en marcha de la reforma de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad, pero este esfuerzo es todavía claramente insuficiente”, aclara. En su opinión, “se hace ya necesario poner fin a esta lacra, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.
En las últimas semanas también se ha percibido un esfuerzo por parte del Gobierno, concretamente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha anunciado medidas para garantizar el cobro en las transacciones comerciales del sector agroalimentario, más allá de las posibilidades que otorga la Ley de Morosidad.
“Sin duda, sienta un precedente que se debiera aprovechar para otros sectores, especialmente ahora, con la inminente transposición de la Directiva Europea sobre medidas de lucha contra la morosidad. Es el momento de introducir mejoras en la legislación que aseguren su cumplimiento. La aprobación de un régimen sancionador, con multas que castiguen los pagos a plazos superiores a los legales, sería un medio eficaz para evitar que continúen estas actuaciones”, sentencia.
