Madrid. España se halla inmersa en una recesión que se ha visto agravada por la continuada crisis de la zona del euro. Aunque se han sentado las bases de la recuperación, ésta requerirá que se apliquen plenamente las reformas emprendidas y que se tomen nuevas medidas para restaurar la confianza en el sector bancario, consolidar las finanzas públicas y combatir el elevado desempleo, según el Estudio Económico de España 2012 de la OCDE.
Este informe, presentado en Madrid por el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, y por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, reconoce el amplio proceso de reformas emprendido. Sin embargo, señala que las condiciones adversas limitarán el efecto a corto plazo de las medidas. De hecho, el estudio prevé que la economía española se contraiga un 1,4% en 2013, antes de volver a un índice de crecimiento del 0,5% en 2014.
Con ocasión de la presentación del estudio, Angel Gurría indicó que “las autoridades españolas han emprendido un valiente programa de reformas para combatir desde su raíz las causas de la crisis actual, algo totalmente encomiable. Aunque la incertidumbre en la zona euro y la desaceleración económica mundial complican la recuperación de España, estamos seguros de que el país va por buen camino. El coste de las reformas es alto, pero la recompensa será mayor y dejará una economía española más fuerte y mejor preparada para competir a nivel global”.
Entre las principales reformas que el informe aplaude, destacan las medidas de consolidación de las cuentas públicas y el fortalecimiento de las reglas fiscales, así como las profundas reformas del mercado laboral y del sector bancario. El secretario general de la OCDE también celebró la aprobación ayer por parte de la Comisión Europea de las condiciones de reestructuración y recapitalización de los bancos españoles.
“La evolución será positiva y ya vemos algunos resultados, particularmente en términos de restauración de la competitividad y eliminación de los desequilibrios respecto a Europa”, indicó Gurría, quien añadió que “puede que el coste de esta consolidación resulte mayor de lo esperado, debido a las condiciones externas adversas, y la tasa de desempleo continúa en niveles muy elevados, pero no cabe duda de que este proceso dará sus frutos. Hasta entonces, deben redoblarse los esfuerzos por paliar las consecuencias sociales de la crisis y proteger a los más vulnerables”.
La OCDE ha identificado tres áreas prioritarias de actuación futura. Es necesario atajar la crisis financiera rápidamente. Será esencial proceder a la resolución ordenada de los bancos no viables y a la recapitalización de los bancos viables en situación de necesidad, de acuerdo con lo contemplado en el Memorando de Entendimiento con la Unión Europea sobre la reforma del sector financiero.
También será preciso que las potenciales pérdidas no las absorba únicamente el contribuyente y que se repartan con los acreedores privados e inversores institucionales. La reforma de los procedimientos de quiebra contribuiría a reorientar los recursos de las sociedades insolventes hacia un uso productivo y podría aportar alivio más eficazmente a los hogares sobreendeudados.
Es preciso restaurar la confianza en las finanzas públicas. El gobierno deberá perseguir sus objetivos generales de déficit; sin embargo, si el crecimiento dista mucho de lo esperado, será razonable revisar los objetivos y permitir que en el corto plazo operen los estabilizadores automáticos. Las reglas fiscales de todos los niveles de la administración, reformadas recientemente, deberán aplicarse con determinación. Además, deberán especificarse con detalle las medidas presupuestarias para estabilizar la deuda de las administraciones públicas, especialmente a nivel autonómico.
El Gobierno debe evitar un impacto desproporcionado de la crisis en los hogares de ingresos bajos. La reforma tributaria puede contribuir a la consolidación fiscal al tiempo que permite alcanzar objetivos medioambientales más amplios y prevenir un aumento de las desigualdades. Una reforma más profunda del sistema de pensiones mejoraría también la sostenibilidad a largo plazo e incentivaría que la actividad pasase de la economía informal a la formal.
Combatir el alto desempleo exige una amplia serie de reformas. Es necesario continuar reduciendo la dualidad del mercado laboral, en especial disminuyendo las diferencias de indemnización por despido entre los contratos indefinidos y los temporales. Eliminar la extensión legal de los resultados de las negociaciones colectivas daría a las empresas mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones económicas.
También será necesario mejorar la eficacia de los servicios de colocación y facilitar la asistencia en la contratación, especialmente entre los jóvenes, y fortalecer el requisito de búsqueda de empleo para poder recibir prestaciones por desempleo. Se recomienda igualmente mejorar la transición de la escuela al trabajo y del trabajo a la escuela, haciendo hincapié en la formación profesional y adecuando las competencias adquiridas en el ciclo formativo a las demandas que requiere el mercado laboral.
