Madrid. Ni un minuto más debería permanecer la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sin retirar la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. Cuando hace unos meses lo hizo Roma, aquí nos pusimos muy chulos para decir que seguíamos hacia adelante. No hay dinero para nada y resulta que hay que seguir con este dispendio.
Por si tenía algunas dudas, el Gobierno ya se lo ha dicho a la alcaldesa bien clarito. El año que viene no habrá ni un euro procedente del Estado para la promoción de la candidatura. Y ya se sabe, si el Estado da la espalda parece difícil que las grandes corporaciones empresariales e industriales no vayan a hacer lo mismo, sobre todo porque tampoco es que anden sobradas como para inversiones de riesgo de este tipo, cuyo retorno no está ni mucho menos garantizado.
En su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha reiterado que el Gobierno no podrá invertir en 2013 en los Juegos del Mediterráneo 2017 de Tarragona, para agregar a renglón seguido que tampoco lo hará en otros eventos, como es esa candidatura olímpica de Madrid.
En su intervención, Cardenal ha dejado bien clarito, por si alguno tenía dudas, de que las colaboraciones privadas podrán ser deducibles fiscalmente, sí, pero antes de dos años de la celebración como lo establece la ley. O sea, que todo lo que se invierta hasta 2018 sería a fondo perdido.
Desde que hace año y medio se reactivara la candidatura hasta el próximo 13 de septiembre de 2013, cuando se decida cuál será la ciudad elegida, la candidatura madrileña contaba con gastar casi 30 millones de euros, de los que el 38% saldrían de fondos públicos, esos que ya no van a llegar. El resto, según el informe presentado por los responsables de la candidatura ante el Comité Olímpico Internacional (COI), lo deberían aportar los patrocinadores privados.
Caso de que Madrid obtuviera los Juegos, el gasto se dispararía hasta cotas incalculables durante siete años. Dando por hecho que las sedes deportivas y las infraestructuras estuvieran, como dicen –que es mucho decir– acabadas al 85%, habría que financiar cerca de 2.000 millones en obras y cubrir el posible déficit del presupuesto, precisamente la razón por la que el Gobierno italiano pasó de seguir con la candidatura de Roma.
