Madrid. “La grave situación de tesorería por la que atraviesa la Sociedad, recientemente recrudecida por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en relación con determinadas operaciones de enajenación de activos de importes significativos contempladas en el plan de negocio del Grupo (circunstancias que podrían llegar a tener como consecuencia inmediata el impago puntual de algunas obligaciones corrientes), llevó al Consejo de Administración de Reyal Urbis a reunirse con carácter de urgencia el pasado 22 de octubre de 2012, al objeto de analizar las circunstancias expuestas así como el estado de las negociaciones con los acreedores financieros de la Sociedad”, según recoge el informe remitido por Reyal Urbis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para explicar las razones que llevaron a tomar tal decisión.
“ A la vista de lo anterior, y con el objeto de evitar una potencial solicitud de concurso necesario por algún tercero, que podría además poner en peligro la continuidad de las negociaciones con las entidades financieras de Reyal Urbis actualmente en curso, en la citada reunión de 22 de octubre de 2012 el Consejo de Administración acordó, en cumplimiento de los deberes de los administradores y de conformidad con la normativa vigente, llevar a cabo las actuaciones necesarias a efectos de poner en conocimiento del juzgado competente el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o, subsidiariamente, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. La citada comunicación se produjo el 23 de octubre de 2012”, prosigue el comunicado.
“A fecha del presente escrito no es posible evaluar de forma objetiva las posibilidades de alcanzar un acuerdo de refinanciación, ni prever con rigor los términos o plazos del mismo. No obstante, la Sociedad considera que la propuesta de refinanciación que ha planteado a sus acreedores es, en las circunstancias actuales, razonable y confía en que sea aceptada por ellos”, concluye.
En esa información requerida por la CNMV, la inmobiliaria reconoce que la deuda asciende a 4.301,7 millones de euros, 108 millones más del valor de sus activos. Según una valoración efectuada por la consultora Jones Lang Lasalle en junio de este año, la cartera inmobiliaria de la empresa tiene un valor de 4.193,7 millones de euros. Trece millones se encuentran ya vencidos; otros 52,8 millones vencen en tres meses, 111,4 millones en medio año, 3.184,5 millones vencen entre uno y cinco años, y otros 215,7 millones lo harán en más de un lustro.
