Madrid. El Tribunal Constitucional ha admitido a tramite el recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Canarias contra el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
La Consejería de Empleo, Industria y Comercio entiende que la decisión del Alto Tribunal es una buena noticia y que viene a reafirmar la tesis de que el triunfo de las energías renovables será una realidad. Asimismo la Consejería anuncia que seguirá trabajando para vencer los obstáculos de las decisiones administrativas impuestas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que impiden al Archipiélago ser un referente en sostenibilidad.
El Gobierno de Canarias tomó la iniciativa de presentar el recurso ante la negativa de la Administración General del Estado de atender la propuesta realizada por la Comunidad Autónoma de aprobar un marco singular para las Islas en un plazo máximo de seis meses. El Ejecutivo regional entiende que el Archipiélago cuenta con singularidades en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados que tienen una particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional. Estas especificidades están reconocidas en el marco constitucional y estatutario y se han traducido en un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea.
La Comunidad Autónoma propuso en la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, que preside el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, un desarrollo y aplicación del Real Decreto Ley 1/2012 en el Archipiélago con respeto del marco jurídico y competencial diferencial de la Comunidad Autónoma, ya que debe alcanzarse la reducción del déficit tarifario, que lo justifica, con atención a la realidad de los costes energéticos en el Archipiélago, en particular por lo que se refiere a las energías renovables.
La negativa por parte de la Administración General del Estado de aceptar los planteamientos del Gobierno de Canarias ha sido el origen del recurso de inconstitucionalidad que pone de manifiesto su disconformidad, por motivos jurídicos y competenciales, con la medida aprobada por el Gobierno del Estado.
