Bilbao. El alquiler social público es el principal recurso para hacer frente a la situación de crisis económica que tiene como exponentes las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por falta de pago de la renta. Esta es una de las principales conclusiones que han expuesto Marcos Muro, Director General de Viviendas Municipales de Bilbao; y Francisca Cabrera, Gerente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), durante la clausura de las jornadas “Retos del Modelo Público de Alquiler de Vivienda Social”.
Las jornadas que se han celebrado durante dos días en Bilbao han contado con la participación de cerca de 300 personas y en las mismas se ha destacado que los promotores públicos han hecho frente a los lanzamientos hipotecarios y desahucios por falta de pago ofreciendo respuestas y soluciones.
En las conclusiones se ha expuesto que la vivienda digna y adecuada es una necesidad básica de la persona y un derecho subjetivo por mandato constitucional.
Los ponentes han señalado que el modelo de vivienda pública tiene una clara vocación de lucha contra la exclusión social y que identificar la necesidad de vivienda entre colectivos especialmente vulnerables constituye el reto de su acción. Para alcanzar ese objetivo se requiere la revisión permanente de los sistemas de acceso a la vivienda pública, y la definición y caracterización de la necesidad de vivienda, que eviten las renuncias y faciliten la rotación de la vivienda.
Asimismo, en las jornadas se ha explicado que la convivencia es un aspecto esencial para la cohesión social. Los canales de participación y la corresponsabilidad, articulados en programas específicos deben contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas usuarias. La conflictividad vecinal, más allá de ser abordada con remedios jurisdiccionales debe dar paso a otras formas de actuación, derivadas de la mediación y la intervención social.
Marcos Muro ha señalado que “hay que seguir impulsando la promoción de vivienda pública en alquiler, como mecanismo de reactivación económica y de generación de empleo y riqueza para el municipio, referente máximo y básico de proximidad con la ciudadanía”.
Los sistemas públicos de vivienda deben garantizar las condiciones de vida digna de la ciudadanía que carece de vivienda: el arrendamiento urbano, los alojamientos rotacionales, los pisos compartidos, u otras formas de posesión, garantizan la oferta de recursos habitacionales vinculados al itinerario vital de las personas. Su estabilidad institucional y estructural permiten dar cobertura en el tiempo a diferentes situaciones y necesidades sobre la premisa de la rotación. Se hace necesario, también, incorporar mecanismos extraordinarios para aquellas situaciones emergentes de carencia sobrevenida de vivienda.
En las jornadas se ha apostado también por optimizar el parque existente con nuevos modelos como los pisos compartidos y los alojamientos dotacionales.
Entre los retos 2020 del modelo público de alquiler se ha puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar una sostenibilidad en un triple ámbito: económico, social y medioambiental. Respecto a la financiación se ha explicado que en el contexto de la crisis económica actual se abren nuevos espacios de oportunidad. En las jornadas se han presentado modelos de financiación de la vivienda social de distintos países en los que hay que profundizar para poder extraer lecciones y buenas prácticas que sean transferibles, innoven y mejores los modelos existentes.
Francisca Cabrera ha señalado que “la interdependencia de la vivienda con otros sistemas de servicios o de administración hacen precisa la apertura de las estructuras a la colaboración y la cooperación, ya que el ‘partenaridado’ es un instrumento de progreso con efectos multiplicadores de retorno social”.
