Madrid. Todas las entidades salieron raudas, tanto en febrero como en mayo, para decir a los mercados que no tendrían problema alguno para cumplir con las provisiones impuestas por el Gobierno en los dos Reales Decretos-Ley de saneamientos de los activos inmobiliarios. Que lo harían cuanto antes y con suficiencia.
Pero, a la hora de la verdad, la de realmente poner encima de la mesa el dinero para cubrir las latentes minusvalías de esos activos, no parece que esa suficiencia sea tal, y casi todas han optado por retraer esas aportaciones para el tramo final del año. Si existen fusiones, el plazo se alarga un año más.
IberCaja, la única de las entidades que todavía permanece en solitario, ha sido una de las últimas que ha informado de los resultados correspondientes al primer semestre de 2012 y, como otras, tampoco ha puesto excesivo hincapié en aportar las provisiones que debe. Solo 245 de los 1.216 millones previstos es el importe del esfuerzo acometido en este sentido. Poco más del 20%, lo que obligará a aportar casi 1.000 millones antes de que acabe el ejercicio, salvo que definitivamente salga adelante la fusión a doble o triple banda con Caja 3 y/o Liberbank.
Como el resto de entidades, la estrategia conservadora de IberCaja en este sentido se relaciona con el resultado de las pruebas de estrés a las que las consultoras han sometido al conjunto del sector financiero, que se conocerá el próximo mes de septiembre, y que podrían modificar las previsiones realizadas meses atrás.
Previsiones que, en el caso de la entidad presidida por Amado Franco, pasaban por provisionar 784 millones por los activos problemáticos (de los que 467 millones eran en saneamientos inmobiliarios y 317 millones por los nuevos requerimientos de capital) y 432 millones más por los créditos considerados normales en el balance.
Con todo, IberCaja es una de las entidades con menor exposición al sector inmobiliario, ya que el crédito promotor apenas representa el 12% del total de la cartera y, además, en los seis primeros meses este riesgo ha disminuido en 214 millones, mientras que el valor de los activos adjudicados, tras deducir las provisiones, supera en poco los 1.000 millones de euros.
