Madrid. El pasado 7 de marzo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ratificó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y anuló la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Local, comúnmente conocida como Tasa de Vados, que se aplicaba desde el 1 de enero de 2006.
Esta modificación, ahora anulada por el TS, estuvo vigente y se aplicó para el cálculo de la Tasa por Paso de Vehículos de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, representando incrementos de más del 300% como mínimo respecto al importe de la tasa que se abonó en el ejercicio 2005. “Un aumento que ha supuesto que en el periodo de 2006 a 2011 los obligados al pago, entre ellas las comunidades de propietarios, hayan abonado entre 900 y 2.250 euros de más cada año”, denuncia Ángel Ignacio Mateo, secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.
Por lo tanto, durante los seis años en que ha estado vigente la modificación anulada por el TS, los contribuyentes madrileños han pagado entre 5.400 y 13.500 euros más de media por la Tasa de Vados.
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid manifiesta además que, ante la anulación de la modificación de la tasa, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a emitir unos abonarés por el importe girado en 2005. El abonaré se acompaña con un escrito que, entre otros extremos, informa que “las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2006 a 2011, ambos inclusive, son firmes y solamente las liquidaciones que hubiesen sido recurridas en plazo y estén pendientes de resolución serán anuladas y, si es el caso, devueltas las cantidades indebidamente ingresadas con los correspondientes intereses de demora”.
Sin embargo, esta información que pudiera ajustarse a derecho, “es evidente que atenta contra la ética y la buena fe de los obligados al pago que en su momento abonaron el importe girado por el Consistorio y resalta, una vez más, la situación de predominio de las autoridades públicas sobre los ciudadanos y la clara indefensión que éstos sufren”, asegura el secretario de los administradores de fincas madrileños.
Asimismo, el Colegio de Administradores de Fincas se muestra “poco optimista” a que el Ayuntamiento madrileño devuelva voluntariamente las cantidades indebidamente cobradas al amparo de una modificación anulada por el TS, “pero sí le pedimos que no proceda a la tramitación y aprobación de una nueva regulación de la tasa que eleve su importe a los niveles de 2006-2011, y mantenga la regulación e importes vigentes hasta 2005”, explica Mateo.
Y es que si se mantuviese la regulación de 2005, “el sector privado tendría más recursos para crear empresas, puestos de trabajo, aumento del consumo, competitividad y de la recaudación de los tributos que gravan el consumo. Igualmente los propietarios de inmuebles y negocios podrían invertir estos importes en el mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de los mismos”, argumenta el secretario de la institución.
De no aceptarse esta propuesta se disminuirá, por contra, la competencia, “se pondrían obstáculos a la creación de puestos de trabajo, ya que los importes mencionados no podrán destinarse a estos fines por el sector privado y pasarán al sector público”, concluye el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.
Ante esta situación, este Colegio ha remitido un modelo de solicitud de devolución del importe para los ciudadanos que interpusieron en plazo el recurso correspondiente y estén pendientes de resolución judicial o administrativa.
