Madrid. En Europa el volumen medio de economía sumergida es del 15%, con España por encima de esa media, y más que lo va a estar en los próximos meses cuando empiecen a consolidarse las nuevas medidas que presionan todavía más la actividad de los millones de trabajadores autónomos, como son la subida del IVA o el incremento de las retenciones del IRPF en cada factura que se emita a partir del 1 de septiembre, del actual 15% al 21% hasta finales de 2013. Luego, en principio, se reduciría a partir de 2014 al 19%.
Asociaciones de autónomos y técnicos de Hacienda, conocedores de las repersuciones que medidas de este tipo han tenido en ocasiones anteriores, ya han echado cuentas y vienen a cuantificar en unos 20.000 los millones que se detraerán de los cauces fiscales legales, elevando el volumen de la economía sumergida en España por encima de los 250.000 millones de euros. A cada punto de subida del IVA, esa economía ‘negra’ se incrementa en un punto del PIB, es la ecuación que se ha cumplido en ocasiones anteriores.
Así pues, conviene que el Gobierno, como dijo el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se apresure a poner en marcha medidas eficaces que ayuden a aflorar la mayor parte posible de este dinero, si no quiere que un tercio del recorte previsto se quede por el camino, todos los cálculos se queden en papel mojado y, lo que es peor, que dentro de un año o año y medio se deban tomar nuevas acciones restrictivas para cumplir con el déficit.
Y por si fuera poco la subida del IVA, de sopetón se han encontrado los profesionales con el incremento de las retenciones de un 6%, del 15% al 21%, en cada factura. No es cuestión menor. Con la que está cayendo, 60 euros de cada 1.000 euros brutos facturados supone todo un boquete. Hablamos de 2.500 millones euros anuales que Hacienda retiene y que, en muchos casos, ya no se recuperarán.
No está de más recordar aquí que en el año 2000 el Tribunal Supremo declaró nula la subida de retenciones practicada en 1999 por entender que el incremento fiscal era contrario al principio constitucional de capacidad económica o de pago, además de ser desproporcionada e incurrir en posibles efectos confiscatorios.
