Madrid. Ha pasado ya un mes de aquel sábado en que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aparecía en aquella multitudinaria rueda de prensa para anunciar que el Eurogrupo había accedido a otorgar a España una ayuda de hasta 100.000 millones de euros para sanear definitivamente al maltrecho sistema financiero patrio, y del domingo posterior, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía en el palacio de la Moncloa –mirando el reloj para no perder el vuelo que le iba a llevar a Polonia a presenciar el debut de España en la Euro 2012– ante el aluvión de críticas vertidas por no ser él quien diera cuenta de una noticia de tal calibre.
Pues bien. Treinta días después, poco o nada se ha movido. Ya no se habla de si aquello era rescate, ayuda financiera o línea de crédito. Es lo de menos. Se habla ahora de que la recapitalización directa no se producirá hasta el año que viene o el siguiente, dando la impresión de que la demora obedece más a nuevas reticencias por parte de los países europeos más reticentes al rescate –con Alemania a la cabeza– que a otra cosa.
Y mientras se dilucidan los términos de la ayuda –se supone que hoy, en la nueva reunión del Eurogrupo, se podría adelantar algo en este sentido– la prima de riesgo sigue a lo suyo. De hecho, hoy lunes ha iniciado la sesión buscando los máximos alcanzados hace un mes, cotizando ya en 580 puntos básicos y con la vista puesta en los nunca vistos 600 puntos. Y lo mismo sucede con el tipo de interés del bono español a diez años, que supera ya el 7,1%.
En clave interior, se supone que el Gobierno va a intentar ofrecer a los mercados y a sus socios europeos lo que están esperando desde hace mucho tiempo. Un paquete de medidas contantes y sonantes, de aplicación inmediata, para corroborar que el Ejecutivo español está realmente dispuesto a reducir el déficit al 3% en 2013 o, si esas medidas son realmente contundentes, en una nueva prórroga a cumplir en 2014.
Medidas que, si no hay mayores novedades, serán las que todos sabemos. Despidos de varias decenas de miles de empleados públicos, una paga menos para los funcionarios y el resto de empleados que mantengan su puesto de trabajo, subida del IVA, desaparición de la deducción por compra de vivienda.
¿Quedarán los mercados y la UE saciados con esto? Seguramente no. Mientras, como se ha hecho en Italia, eliminando a la mitad las provincias, no se haga en España con las comunidades autónomas –si no de raíz, sí al menos dejándolas reducidas a la mínima expresión, sin televisiones, sin embajadas y sin empresas públicas–, esa saciedad no quedará ahíta.
