Madrid. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha firmado un convenio de colaboración con ocho entidades bancarias y con los principales agentes que participan en el mercado hipotecario para la financiación en condiciones especiales y preferentes de la compra de su vivienda a 9.155 inquilinos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a los que el Gobierno madrileño va a facilitar que puedan convertirse en propietarios.
El Ejecutivo autonómico va a propiciar, siempre con arreglo a las condiciones económicas de cada familia, que los inquilinos que hasta ahora pagaban el alquiler al Ivima puedan tener su propio patrimonio. Con esta iniciativa el Gobierno regional atiende a una demanda y un anhelo de los propios inquilinos, y facilita que éstos puedan capitalizar como inversión el dinero que hoy destinan al alquiler.
En virtud del convenio firmado, las familias podrán disponer de unas condiciones de financiación adecuadas a su capacidad de pago. Con este fin, las entidades bancarias, dentro de sus políticas responsables de crédito, se comprometen a ofrecerles productos preferentes tanto a tipo variable como a tipo fijo, financiarán el 100% el precio de la vivienda, y agilizarán en colaboración con el Ivima los procesos de gestión y concesión de préstamos.
Como destacó Mariño, las rentas de las hipotecas se ajustarán a lo que ya venían pagando las familias en concepto de alquiler, y por tanto la compra no supondrá un esfuerzo extraordinario para estos madrileños. Esta oportunidad se mantendrá abierta hasta el próximo 31 de diciembre, y hasta la fecha ha suscitado ya un gran interés por parte de los inquilinos del Ivima.
“Acceder a la propiedad de la vivienda es una aspiración muy arraigada en la sociedad española”, manifestó Mariño, “y desde 1983 el Ivima ha venido desarrollando una política de venta de pisos a sus inquilinos, que en su mayoría responden a estas ofertas con el máximo interés”. “Sin embargo –prosiguió la consejera– las dificultades de financiación han ralentizado estas operaciones, ya que apenas 2 de cada 10 arrendatarios de vivienda pública consiguen un préstamo hipotecario que les permita hacer realidad sus deseos”.
Desde 1983, año en que se creó el Ivima, han vendido ya 78.740 casas a sus familias, pero ésta es la primera vez que se hace una oferta global, un paquete tan numeroso y con condiciones de financiación especiales.
En concreto, Mariño rubricó el acuerdo con BBVA, Bankia, Banco antander, Bankinter, Banesto, Banco Popular, La Caixa y Banco Sabadell. Junto a ellos, se han sumado a este convenio la Asociación Hipotecaria Española, que velará por la transparencia en el cumplimiento del convenio, y Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad, que prestarán asistencia técnico-jurídica, y ofrecerán descuentos del 10% en el caso de los aranceles notariales, mientras que los registradores reducirán en un 50% el importe de las notas simples.
El Ejecutivo regional va a ofrecer las viviendas, siempre que así lo deseen, en condiciones de precio asequible particularizado a cada familia. Así, las casas se ofertarán con precios un 60% más baratas que en el mercado libre, y se descontará del precio final las rentas que las familias han pagado en concepto de alquiler durante los últimos dos años. Esta medida afectará al 38% de todas las viviendas que posee el Ivima, excluyendo por tanto las viviendas del Plan Joven que cuentan ya con la opción a compra, u otros casos con derechos de superficie por parte del Ivima o casos conflictivos que no son enajenables.
Se trata de familias que llevan ya pagando su alquiler una media de 11,6 años, con un buen historial de pagos y una renta media de 227 euros mensuales. “Son madrileños con recursos limitados, que han cumplido con sus obligaciones para crear un hogar que hoy sienten como propio, y a los que queremos ofrecer la posibilidad de que sea realmente suyo, que pase a formar parte de su patrimonio”, subrayó Mariño.
Para evitar que se produzcan situaciones de fraude, los nuevos titulares de las viviendas no podrán transmitirlas durante el plazo de cinco años desde la compraventa, salvo en caso de fallecimiento, ejecución hipotecaria o autorización expresa del IVIMA en supuestos claramente justificados.
Con esta medida, el Ejecutivo beneficia principalmente a los actuales inquilinos, al tiempo que contribuye a reactivar el sector hipotecario. En este sentido, la consejera recordó que el mercado hipotecario mantiene en la Comunidad de Madrid un enorme potencial de negocio, ya que el 80% de las solicitudes de financiación de toda España el pasado año se produjeron en la región.
“Creemos que se trata de una operación –concluyó Mariño– en la que ganan todos: los inquilinos, porque podrán adquirir una propiedad que en otras circunstancias les resultaría inalcanzable; el Ivima, porque obtiene liquidez para seguir consolidando su política de vivienda pública; y los bancos, porque pueden ampliar su negocio crediticio”.
