Marbella, Málaga. El Ayuntamiento de Marbella ha recibido dos informes del Consejo Consultivo de Andalucía en los que el órgano pone de manifiesto el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo local para restablecer la legalidad urbanística en la capital de la Costa del Sol. Así lo ha anunciado el portavoz del Equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha señalado que el informe de más envergadura respalda la postura del Consistorio ante la reclamación de Inversiones y Explotaciones Turísticas (Inestur) que gestiona el Hotel Meliá Don Pepe, representado por la letrada Inmaculada Gálvez.
Ha precisado que la entidad pide una indemnización de 4 millones de euros al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad patrimonial por unas construcciones en los alrededores del hotel que, como ha precisado Romero, “han sido regularizadas por el Plan General de Ordenación Urbana”. Romero ha explicado que el Consultivo “sostiene que los ciudadanos deben soportar las consecuencias derivadas del urbanismo, siempre y cuando sean acordes con la legalidad vigente, como sucede en este caso”.
En el informe solicitado por el Ayuntamiento al órgano superior de consulta de la comunidad autónoma se especifica que “sería iluso pensar que las determinaciones urbanísticas ligadas al PGOU han sido abstractamente dibujadas conforme a un modelo ideal de ciudad” y las considera “una respuesta del derecho a una situación excepcional que no debería repetirse y que, en la medida de lo posible, pretende restablecer el equilibrio dotacional”.
Romero ha mostrado su satisfacción “porque todos los informes del Consejo Consultivo han avalado hasta ahora la gestión del Ejecutivo local” y ha avanzado que este último “da pie a una resolución del Ayuntamiento que puede derivar en una sentencia que ponga fin al procedimiento”.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el portavoz también ha informado de otras dos sentencias favorables al Consistorio que proceden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y también son casos relacionados con la responsabilidad patrimonial.
El edil ha recordado que el equipo de Gobierno creó un departamento específico de responsabilidad patrimonial “porque entendíamos que la administración debía ser responsable de sus actos y responder ante los vecinos” si bien esta novedad “generó una proliferación de reclamaciones y no todas estaban suficientemente fundamentadas”.
Ha señalado que “la medida adecuada la marca la jurisprudencia que es la que determina, en definitiva, qué peticiones son justas y qué peticiones son ilícitas, ilegítimas o abusivas”. En este sentido, las dos nuevas sentencias consideran que el Ayuntamiento no tiene que responder e indemnizar en los supuestos de fuerza mayor y tampoco en aquellas situaciones en las que, a pesar de que se haya producido un daño en el viario público, acredite un actuación diligente.
