Barcelona. El Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha aprobado los criterios mínimos que regirán los convenios firmados entre los departamentos de Economía y Conocimiento y de Territorio y Sostenibilidad y las entidades de crédito catalanas, de cara a garantizar el derecho de los ciudadanos a la vivienda y proteger a las familias afectadas.
En el marco de esta iniciativa, el Gobierno de la Comunidad Catalana impulsará un procedimiento de mediación con las entidades financieras, previo al inicio de expedientes judiciales de ejecución hipotecaria, para evitar que, en caso de impago de los préstamos, se produzcan desahucios sobre familias en riesgo de exclusión social.
Según el portavoz del Gobierno de la Generalidad, Francesc Homs, “esta medida expresa la voluntad del Gobierno de responder a situaciones concretas que se viven en nuestro país y que afectan a muchas familias y también a la voluntad de las entidades financieras de encontrar una solución a los problemas de desahucio que van apareciendo como un cuentagotas constante y doloroso, para encontrar alternativas como la mediación”.
Los criterios mínimos fijados por el Gobierno en relación con las medidas de protección a las familias se concretan, principalmente, en el aplazamiento del pago de los plazos del préstamo hipotecario y los periodos de carencia, la dación en pago o el uso de la vivienda con opción de compra. También se incluyen previsiones respecto de los intereses de demora de los préstamos y créditos hipotecarios, para que no sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero.
